Una ONG repudia el asedio contra la 'abogada de los presos políticos' en Nicaragua

La ONG Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más repudió este domingo el asedio e intimidación policial en contra de la abogada y defensora de derechos humanos Yonarqui Martínez, en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018.

Según esa ONG, Martínez, conocida en Nicaragua como la "abogada de los presos políticos", fue "arbitrariamente" retenida el sábado por la Policía Nacional "mientras ejercía su labor como defensora" en la comunidad de San Jorge, municipio de Rivas, al sur del país.

Ese organismo recordó que la abogada es beneficiaria de medidas cautelares extendidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), medidas que, según denunció, "no son respetadas por el Estado y Gobierno de Nicaragua".

"Exigimos el cese de la represión y persecución política en su contra, así como la libertad plena para las presas y presos políticos en Nicaragua", abogó el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, que compartió en sus redes sociales un video divulgado por Martínez cuando fue retenida por agentes.

En una resolución el pasado 2 de diciembre, la CIDH advirtió que Martínez y su familia "se encuentran en una situación de gravedad y urgencia", que sufrió un supuesto intento de homicidio el pasado 5 de noviembre que no fue investigado por las autoridades, así como "amenazas de muerte por medio de mensajes de texto, en los cuales mostraban imágenes de mujeres asesinadas de forma violenta".

Las medidas a favor de Martínez, que defiende a más de 20 de las 80 personas que permanecen privadas de libertad tras haber participado en manifestaciones antigubernamentales, fueron extensivas a su núcleo familiar, que incluye a sus hijos menores de edad.

La CIDH también demandó al Gobierno de Ortega que Martínez "pueda desarrollar sus labores como abogada defensora, sin ser objeto de actos de intimidación, persecución, hostigamientos, amenazas u otros hechos de violencia en el ejercicio de las mismas", así como informar de forma periódica sobre el cumplimiento de las medidas cautelares.

En su resolución, la CIDH destacó que el organismo "solicitó al Estado su punto de vista, pero no recibió respuesta".

Desde el estallido de la crisis de Nicaragua, la CIDH ha extendido medidas cautelares a favor de decenas de nicaragüenses, que el Gobierno nicaragüense ha ignorado, según los defensores de los derechos humanos locales.

En Nicaragua estallaron el 18 de abril de 2018 unas manifestaciones contra unas reformas de la Seguridad Social que se tornaron en protestas contra el Gobierno de Ortega y dejaron 328 muertos, según la CIDH.

Organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.

La crisis sociopolítica y de derechos humanos también ha dejado cientos de detenidos, heridos y decenas de miles en el exilio.