OEA preocupada porque Parlamento hondureño va contra el Ministerio Público
La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), expresó este jueves su "preocupación" porque el Parlamento local pretende despojar de atribuciones al Ministerio Público.
En un comunicado, la Maccih dijo que la intención del Parlamento quedó evidenciada al aprobar el martes, en el primero de tres debates, una reforma al artículo 115 de la Ley General de Administración Pública, lo que le restaría atribuciones al Ministerio Público para transferirlas al Tribunal Superior de Cuentas.
Diversos sectores de Honduras no confían en el Tribunal Superior de Cuentas, un ente del que señalan que está altamente politizado y no es determinante en la lucha contra la corrupción, en un país donde la corruptela ha salpicado a los últimos tres gobiernos.
"La competencia del Ministerio Público para ejercer sus funciones está determinada por la Constitución y por lo tanto sus actuaciones no pueden depender de la decisión previa emitida por otro órgano del Estado", señaló la Maccih.
El ente contra la corrupción que depende de la OEA considera que la reforma aprobada en un primer debate en el legislativo "vulnera la Constitución, al restar atribuciones al Ministerio Público para ejercer su labor de investigación, pretendiendo que sus actuaciones dependan del pronunciamiento previo del Tribunal Superior de Cuentas".
Eso implicaría retrasar las investigaciones, "lo cual abre la puerta a la impunidad y sin duda es una medida que debilita todos los esfuerzos del país en la lucha contra la impunidad", expresó la Maccih, que comenzó operaciones en 2016 en el país centroamericano con el rechazo de sectores salpicados por corrupción.
La reforma del artículo 115 de la Ley General de Administración Pública fue aprobada el martes por el Parlamento, pero a raíz de la reacción de varios sectores de la sociedad, la Comisión de Dictamen anunció el miércoles que la discusión se suspende para empezar "un proceso de consultas" con varios sectores.
La Comisión de Dictamen del legislativo indicó en la red social Twitter que consultará con "los sectores obreros y empresariales, antes de continuar con el segundo y tercer debate".
Horas antes de la reacción de la Comisión de Dictamen, un organismo de sociedad civil denunció que el Parlamento pretende favorecer la corrupción y la impunidad con la aprobación de la reforma a la Ley General de Administración Pública.
El Observatorio del Sistema de Justicia Penal, por su parte, alertó a la ciudadanía que "de aprobarse la citada reforma se estará aprobando un retroceso a la lucha contra la corrupción e impunidad, además de representar un claro debilitamiento a la institucionalidad y con ello al Estado de derecho y la democracia del país".