Misión de OEA pide reformar proceso de elección de jueces en Guatemala

El Congreso guatemalteco debe elegir, antes del 13 de octubre, a los 13 miembros de la Corte Suprema para el periodo 2024-2029 de una nómina de 26 aspirantes seleccionados por una comisión de académicos, jueces y abogados. También tiene que escoger a más de 300 jueces de tribunales de apelaciones. 

La integrante de la misión Rosa Celorio expresó su preocupación por la "desconfianza general en el sistema de justicia (de Guatemala) y también el proceso de elección de cortes" al presentar un informe preliminar sobre el proceso ante el Consejo Permanente de la OEA en Washington.

La desconfianza "ha sido acentuada por información que hemos recibido de actos de discriminación, corrupción y preocupaciones sobre la seguridad de todos los actores dentro de este proceso" en curso, aseguró.

"Hacen falta una serie de reformas profundas al sistema de elección de jueces para asegurar que no se permita la elección" de "personas sin honorabilidad ni mérito para cumplir con esa función de impartir justicia", dijo Celorio.

La experta lamentó la escasa claridad para evaluar la idoneidad de los aspirantes y señaló que la comisión aceptó "candidaturas de personas con una historia de corrupción o actividades antidemocráticas".

Estados Unidos y la Unión Europea han sancionados por "corruptos" a varios jueces, fiscales y abogados que aspiran a ser magistrados, aunque la mayoría quedaron descartados, entre ellos el cuestionado fiscal Rafael Curruchiche, quien ha emprendido investigaciones contra el presidente Bernardo Arévalo y las elecciones del año pasado, que pusieron en riesgo la transición presidencial. 

Celerio criticó "la carencia general de medidas para incentivar la presentación de candidaturas de mujeres, por los indígenas y otros grupos históricamente discriminados".

La relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Andrea Pochak expresó también su inquietud por el "progresivo deterioro del Estado de Derecho y la institucionalidad democrática en Guatemala", al presentar al Consejo su informe preliminar de una visita al país en junio.

Esa precariedad obedece a la instrumentalización del sistema penal por parte de la fiscalía contra quienes han luchado contra la corrupción, dijo Pochak.

Destacó que en los últimos siete años más de 50 operadores de justicia salieron al exilio debido a la persecución y otros 20 estuvieron arbitrariamente detenidos.

"El uso abusivo del sistema penal" está dirigido contra abogados, líderes indígenas, periodistas, defensores de derechos humanos y hasta el propio presidente Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera, afirmó Pochak.