Guatemala pide disculpas a familia separada por adopción irregular
El presidente de Guatemala pidió disculpas públicas en nombre del Estado a una familia cuyos hijos fueron arrebatados en 1997 y dados irregularmente en adopción.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, pidió este viernes disculpas públicas en nombre del Estado a una familia cuyos hijos fueron arrebatados en 1997 y dados irregularmente en adopción a parejas estadounidenses.
"Como presidente constitucional de la República de Guatemala y en nombre del Estado que represento, les pido una disculpa pública por los hechos de los que fueron víctimas", dijo el mandatario en un acto en el patio de la paz del antiguo Palacio de gobierno en la capital.
Osmín Tobar Ramírez y su hermano J.R. fueron separados de su madre el 9 de enero de 1997 cuando tenían 7 y 2 años, respectivamente, tras ser recogidos por funcionarios en un barrio pobre de Ciudad de Guatemala por supuesto abandono.
Días después fueron ingresados al hogar de la Asociación Los Niños de Guatemala y, en julio de 1998, Osmín fue llevado con su familia adoptiva a Pittsburgh (Pensilvania), en el noreste de Estados Unidos. Su hermano corrió un destino similar, aunque hasta el momento no se conoce su paradero.
"La instrumentación del Estado para facilitar estas acciones no tiene justificación, no tiene excusa y es condenable en todo sentido", dijo Arévalo.
Esta disculpa estaba contemplada en una sentencia del 17 de mayo de 2018 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Guatemala por la adopción irregular de los dos hermanos.
"Comprados y vendidos"
"Aplaudo la disculpa pública de Guatemala que reconoce errores del pasado y señala un compromiso con la justicia e integridad. Esta disculpa es más que simbólica, reconoce el dolor soportado por aquellos afectados y allanará el camino para la curación y el progreso", dijo Osmín Tobar, ahora de 34 años, al hablar en español con alguna dificultad.
Vestido con traje celeste, sombrero negro y pendientes negros, Tobar aseguró que aceptaba la disculpa "con la esperanza y con el compromiso de contribuir a un mundo mejor".
Tobar, que tiene esposa y un hijo, recordó en su discurso que la pérdida de su identidad lo llevó a la adicción a drogas y alcohol.
"Comparto mi historia no para sentirme mal, sino para crear conciencia sobre la oscuridad de la trata de personas, abogar por leyes que se centren en la preservación de las familias y ofrecer esperanza de los sobrevivientes en las sombras", aseveró.
"Nuestro dolor es la rabia, nuestra memoria se convertirá en acción y nuestra lucha será constante contra la separación. Somos un grupo de personas que fuimos compradas y vendidas en toda América del Norte y Europa. Siempre marcharemos por la memoria, la verdad y la justicia", insistió.
5.000 niños al año
La madre de Osmín, Flor Ramírez, aseguró que le quitaron "el deseo y el anhelo de verlos crecer, de disfrutar toda su niñez".
"Es algo muy doloroso para nuestras vidas porque nos quitaron una identidad tanto como la de mi hijo como la mía, sufrí más pensando en el sufrimiento que estaba pasando mi hijo, llevándoselo a un lugar desconocido y con gente que él no conocía", expresó.
"Como padres sufrimos, pero los que más sufren son nuestros niños porque se los llevan a un lugar extraño, con una familia extraña, le cambiaron su vocabulario, les cambiaron todo", añadió.
Osmín Tobar actualmente vive en Guatemala y se ha convertido en la voz de 27.871 niños guatemaltecos que fueron víctimas de una red ilegal de adopciones internacionales, que operó entre 1996 y 2006.
El suyo es el primer caso de este tipo que conoce la Corte Interamericana, con sede en San José, que lleva a una sentencia contra Guatemala.
Guatemala era considerado uno de los países con más casos de adopciones ilegales, pero en 2007 cambió su legislación para endurecer los controles.
Antes de esa fecha se daban en adopción unos 5.000 niños cada año, 95% a parejas estadounidenses, en operaciones que generaban unos 250 millones de dólares anuales a los miembros de la red, según grupos de derechos humanos.
Organizaciones de derechos humanos y de defensa de la infancia estiman que las parejas estadounidenses pagaban unos 50.000 dólares por una adopción.