Guatemala niega implicación de Policía en fuga de datos que frustró capturas
El ministro de Gobernación de Guatemala, Enrique Degenhart, aseguró hoy que la fuga de información que impidió la realización de una serie de capturas este mes en el marco de un caso de corrupción no están relacionadas con el desempeño de la Policía Nacional Civil.
Tras la investigación interna llevada a cabo, el ministro dijo que se desliga "completamente de cualquier posible vinculación de agentes" de la Policía " dicha fuga de información", denunciada por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala el 13 de abril.
"Es importante reiterar que el compromiso del Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil es cuidar la seguridad ciudadana de este país y quiero entonces compartirles la buena noticia de que la fuga no se dio" en la Policía, aseguró el funcionario, quien señaló que el agente que tuvo acceso a las órdenes de captura pasó todas las pruebas del polígrafo.
La CICIG y la Fiscalía denunciaron el 13 de abril que una fuga de información impidió la captura de tres personas implicadas en un caso de corrupción en el Seguro Social del país.
El responsable de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), Juan Francisco Sandoval, dijo que cuando llevaron a los inmuebles para llevar a cabo los allanamientos, en una colonia del sureste de la capital, donde se ejecutarían las detenciones de Henry Madrid, Carlos González y Juan Carlos Hernández, estos ya no se encontraban en el lugar, explicó.
En opinión del fiscal, "hubo algún grado de incidencia de las órdenes de captura", además que desde enero pasado la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia dispuso que las órdenes de captura se deben publicar en el sistema de la Policía, lo cual permite que todos tengan acceso a esa información.
Sandoval manifestó que ello pudo haber ocasionado que las personas no estuvieran en los lugares donde se ejecutan los allanamientos judiciales, donde pretendía capturar a estas tres personas vinculadas a la compra de un lote de ambulancias para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) por un valor de 40 millones de quetzales (5,4 millones de dólares).
Sobre esto también se había posicionado la CICIG, quien en un comunicado aseguró que según las actas de procedimiento las personas que iban a ser detenidas "habían sido notificadas previamente de los operativos mediante llamadas telefónicas realizadas el día jueves 12 de abril".
Por este hecho, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala suspendió de manera temporal el sistema electrónico de órdenes de captura.