Guatemala enfrenta amenazas a la democracia a un mes del balotaje

A un mes de un balotaje presidencial inédito entre dos candidatos socialdemócratas, Sandra Torres y Bernardo Arévalo, Guatemala vive en vilo tras sucesivos fallos judiciales que han puesto en jaque al sistema democrático, según analistas y diplomáticos.

Recursos judiciales de partidos derechistas que perdieron la primera vuelta presidencial, el 25 de junio, y una polémica inhabilitación al partido Semilla de Arévalo (anulada un día después) han enturbiado la campaña al balotaje del 20 de agosto. También una orden de arresto a una aliada de este candidato.

Para la analista independiente guatemalteca Marielos Chang, Guatemala vive una situación sin precedentes desde que el país regresó a la democracia en 1985, después de tres décadas de dictaduras militares.

"Esto es algo que no habíamos visto en ningún otro proceso [electoral], veo un panorama complicado. No es una segunda vuelta normal ni cotidiana como hemos tenido en otros procesos [desde 1985], sino que va a ser una segunda vuelta muy turbulenta", declaró la politóloga a la AFP.

El jefe de la misión electoral de la OEA, el excanciller paraguayo Eladio Loizaga, expresó el miércoles ante el Consejo Permanente del organismo que "el abuso de los instrumentos legales por parte de actores insatisfechos con los resultados introdujo un alto grado de incertidumbre en el proceso electoral y puso en riesgo la estabilidad democrática del país".

"Lo que está ocurriendo en Guatemala nos afecta a todos, socava nuestros compromisos con la Carta Democrática [Americana] y, lo que es más importante, silencia voces del pueblo guatemalteco, que merece elegir a sus propios dirigente", declaró ante el Consejo Permanente el embajador estadounidense ante la OEA, Francisco Mora. 

"Más conflictividad"

El ganador de la segunda vuelta sustituirá al mandatario Alejandro Giammattei, que debe entregar el poder el 14 de enero de 2024, lo que pondrá fin a 12 años de gobiernos de derecha. 

Arévalo fue la sorpresa de la primera vuelta, pues figuraba en octavo lugar en los sondeos previos.

Hasta ese día era un desconocido para miles de guatemaltecos, pero con su discurso anticorrupción parece ir ganando adeptos para el balotaje, lo que desespera a algunos de sus prominentes adversarios políticos.

El 12 de julio el juez Fredy Orellana inhabilitó a Semilla a petición del fiscal Rafael Curruchiche, quien acusa a ese partido creado en 2017 de irregularidades en la inscripción de afiliados.

La decisión del juez sacaba a Arévalo del balotaje y fue muy controvertida, pues la propia ley guatemalteca expresa que "no podrá suspenderse un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que ésta se haya celebrado".

El mismo juez giró esta semana una orden de captura contra Cinthya Rojas, una dirigente de Semilla, lo que llevó a Arévalo a denunciar una "persecución política" contra su partido.

"Los niveles de conflictividad" podrían aumentar si continúan "más órdenes de captura en contra de otros integrantes" de Semilla, advirtió Chang.

"Brazo represivo"

Unos días después de la primera vuelta, nueve partidos perdedores denunciaron un supuesto fraude en el conteo de votos. La justicia ordenó un nuevo escrutinio, que confirmó los resultados.

Todas estas maniobras obligaron a Arévalo y Torres a retrasar más de dos semanas el inicio de la campaña al balotaje.

La ONG Oficina en Washington para América Latina (WOLA) considera al sistema judicial guatemalteco como el "brazo represivo que busca asfixiar y estrangular" a los opositores. 

Curruchiche fue sancionado por "actos corruptos y antidemocráticos" por Estados Unidos en 2022; Orellana engrosó el miércoles la llamada lista 'Engel' de personas consideradas corruptas o antidemocráticas por Washington. Ambos tienen prohibido el ingreso a EEUU.

La judicialización de la campaña electoral provocó protestas frente a la sede de la Fiscalía para exigir la renuncia de Curruchiche y de la fiscal general, Consuelo Porras, también sancionada por Estados Unidos en 2021.

Porras, Curruchiche y Orellana se han puesto en el ojo del huracán y son responsabilizados por organismos de derechos humanos, académicos e indígenas de la crisis política que atraviesa el país.

Los tres han estado involucrados en la persecución de fiscales antimafias y periodistas críticos al gobierno de Giammattei, quien confirmó en 2022 a Porras en su cargo para otros cuatro años.

Denuncia ante la OEA

La orden de Orellana desató críticas de la Iglesia católica, de la cúpula empresarial, de Estados Unidos, la Unión Europea, de la ONU y varios países latinoamericanos.

Arévalo, hijo del expresidente reformista Juan José Arévalo (1945-1951), presentó esta semana una denuncia ante la misión electoral de la OEA por "la persecución política de la que estamos siendo objeto".

Además, solicitó al Consejo Permanente de la OEA que adopte medidas "para defender el proceso electoral y la democracia en Guatemala".