Gobierno de Nicaragua afirma que 'garantiza' los DDHH de 'terroristas presos'
El Gobierno de Nicaragua afirmó que "garantiza los derechos humanos de los terroristas presos", en medio del escándalo causado por la denuncia de una golpiza a un grupo de reclusas en la cárcel de mujeres La Esperanza.
"El Gobierno de Nicaragua respeta y garantiza los derechos humanos de los terroristas presos en el sistema penitenciario", informó hoy la Presidencia, a través de medios gubernamentales.
Las autoridades nicaragüenses reaccionaron así a la denuncia de los familiares de las reclusas, de que la noche del 26 de octubre un grupo de 25 hombres encapuchados se introdujo en las cárceles de La Esperanza para agredir físicamente a 16 "presas políticas" en el contexto de la crisis sociopolítica.
En un corto informe, el Gobierno destacó que este jueves se les permitió tomar el sol y realizar compras en una tienda interna a "10 presas terroristas golpistas", entre las que destacaron la estudiante de nacionalidad belga y nicaragüense Amaya Coppens, las hermanas Yolanda y Ana Sánchez Moraga y Nelly Roque.
Tanto la Articulación Feminista de Nicaragua como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) repudiaron lo que denominaron como "cobarde golpiza" y "brutal represión" el ataque a las reas, incluyendo a Brenda Muñoz, una mujer de la tercera edad que según sus familiares sufre cáncer terminal y pasó "varias horas desmayada".
Las organizaciones humanitarias locales afirman que en Nicaragua hay al menos 558 "presos políticos", de los cuales 46 son mujeres, cifra superior a más de 200 que reporta el Gobierno, a los que llama "terroristas" y "golpistas".
Dichas organizaciones también reportan la muerte de entre 325 y 528 personas en protestas contra el presidente Daniel Ortega desde el estallido social del 18 de abril pasado. El Gobierno reconoce 199 fallecidos.
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Ortega niega la responsabilidad y mantiene que sufre un intento de "golpe de Estado".
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia debido al saldo mortal en las manifestaciones.