El Gobierno insiste en prorrogar el estado de sitio en el noreste de Guatemala

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, insistió este martes en que se prorrogue un mes el estado de sitio en 20 municipios del noreste del país al considerar que persiste la violencia y la amenaza al orden constitucional.

El mandatario, en conjunto con 11 ministros y 2 viceministros, firmó un decreto, publicado en el Diario de Centro América (oficial), en el que vuelve a declarar esta emergencia como lo hizo a principios de septiembre, aunque ahora no afectará a los municipios de Livingston y Puerto Barrios, en el corazón turístico del departamento de Izabal.

El resto de municipios en los que se decretó inicialmente el estado de sitio el 4 de septiembre, ratificado tres días más tarde por el Congreso, se mantienen en el nuevo decreto del Gobierno.

Pese a que el pasado 2 de octubre el Gobierno había ya buscado esta prórroga, por la falta de quorum en el Legislativo quedó sin efecto dicha medida, con la que el presidente aseveró que busca combatir a los "grupos ilegales vinculados con el narcotráfico" que han proliferado en la zona.

Según el Gobierno, "una serie de hechos violentos han cobrado vidas humanas y puesto en peligro el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado, afectando a personas y familias, poniendo en riesgo la libertad, la justicia, la seguridad, la salud, la vida, la paz y el desarrollo integral de las personas".

El estado de sitio cesa "la plena vigencia de los derechos ciudadanos" de "libertad de acción, detención legal, interrogatorio a detenidos o presos, libertad de locomoción, derecho de reunión y manifestación y portación de armas".

A pesar de que Jimmy Morales aseguró que además de la actual solicitud al Congreso también la haría para los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, en el departamento occidental de Sololá, donde hace unas semanas hubo un enfrentamiento territorial, en el diario oficial no fue publicado tal decreto.

Durante la medida de excepción, todas las autoridades y entidades estatales están obligadas a prestar a la autoridad militar "el auxilio y cooperación que les sean requeridos, dentro de la esfera de su competencia".

En el primer estado de sitio en el noreste del país, las autoridades aseguraron que se produjeron 641 detenciones, se decomisaron vehículos, armas y equipos de comunicación, se realizaron 55 allanamientos y 219 operaciones navales, 440 patrullajes de reconocimiento, 7 controles del espacio aéreo o 1.223 puestos de control y registro.

Además, aseguraron que se descubrió "un complejo de producción de cocaína" y que fueron erradicadas 225.075 plantas de marihuana.

Las autoridades estiman que se dejaron de producir 900 kilos de cocaína al mes, que las redes de narcotraficantes dejaron de recibir 13,9 millones de dólares y que la infraestructura construida estaba valorada en unos 230.000 dólares.