Fiscalía pactó pena con Saca sin saber paradero de todo el dinero malversado

San Salvador/La Fiscalía de El Salvador admitió que desconoce el destino de 191 millones de dólares de los más 300 millones que malversó el expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009), pese a que pactó una pena leve a cambio de su confesión.

Los fiscales del caso, quienes comenzaron este lunes con los alegatos finales del juicio, pidieron a los jueces del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador que pusieran "especial atención" a esta suma, que fue sacada en efectivo y que no han podido rastrear.

"A una parte de este dinero sí se le pudo seguir el rastro, pero a la mayoría no se le puede seguir, porque lo que se busca en una actividad criminal como esta es cobrar los cheques en efectivo para poder evitar así que las autoridades lo rastreen", sostuvo en rueda de prensa uno de los fiscales.

Saca confesó el pasado 9 de agosto los delitos de peculado y lavado de dinero sin detallar el destino final de todos los fondos, pero la Fiscalía mantuvo en pie el trato.

El exmandatario acordó recibir una pena de 10 años de cárcel en un proceso "abreviado" y devolver parte del dinero para evitar la pena máxima de hasta 30 años.

El fiscal señaló que de estos 191 millones de dólares solo pudieron rastrear los 7,6 millones que recibió el partido que llevó a Saca al poder, la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y otra cantidad menor que llegó a Ana Ligia de Saca, esposa del exmandatario y procesada en otro tribunal por lavado.

Sostuvo que este dinero representa "casi dos terceras partes de los más de 300 millones que han sustraído estos señores" y de los que solo el exempleado de la Presidencia Pablo Gómez cobró 171 millones de dólares en efectivo.

El resto, añadió el fiscal bajo condición de anonimato, lo sacaron el exsecretario privado de Saca Elmer Charlaix, el ex gerente financiero Francisco Rodríguez Arteaga y "otras personas", a quienes no identificó.

Gómez rindió una "declaración indagatoria" este lunes en la que dijo ser inocente de peculado y lavado, y aseguró que el dinero que sacaba de varias cuentas bancarias, que según la Fiscalía eran ilegales, lo entregó a Rodríguez Arteaga.

"Era el último empleado en la escala (de la Presidencia), sin poder de decisión" y "no podía supervisar a las autoridades en el uso de los fondos", apuntó el imputado.

Aseguró que no se quedaba "ni una hora" con el efectivo antes de entregarlo a Rodríguez Arteaga y que "jamás" pensó que era parte de un "plan criminal".

Los fiscales del caso también revelaron hoy que abrió una investigación contra más personas implicadas en la trama de corrupción del expresidente Saca, sin detallar sus identidades ni relación con los hechos.

Esta declaración fue dada por un fiscal al ser cuestionado por la prensa sobre las razones por las que la Fiscalía no ha procesado a otras personas, como autoridades de bancos y de la Corte de Cuentas de la República (CCR), que colaboraron en el millonario desfalco.

Durante los alegatos finales, los representantes del Ministerio Público indicaron a los jueces que se han "comprobado" los delitos y la "participación de los imputados con la prueba documental, pericial y testimonial".

Los jueces de Sentencia dieron por "incorporadas" la mañana de este lunes más de 3.000 elementos de prueba a petición de las partes, que pidieron evitar la lectura de los documentos por ser una cantidad "voluminosa".

Se espera que mañana martes la Fiscalía concluya con su exposición y se inicie con los alegatos de la defensa de los imputados, de los que únicamente Gómez enfrenta el proceso "común", dado que lo otros pactaron con la Fiscalía.

Saca, Charlaix y Rodríguez Arteaga aceptaron confesar sus delitos a cambio de penas de entre 10 y 6 años, mientras que el exjefe de la Tesorería del Gobierno Jorge Alberto Herrera aceptó 3 años de cárcel.

Por su parte, Julio Rank y César Funes, exsecretarios de Comunicaciones y Juventud, acordaron la pena de 5 años por el delito de lavado de dinero.

Solo Gómez no aceptó pactar con la Fiscalía, porque consideró que admitir los delitos imputados "iba a traicionar" su "conciencia", por lo que podría recibir una pena de hasta 30 años de cárcel.

Saca es el primer expresidente de la democracia salvadoreña en afrontar un juicio y confesar delitos de corrupción, dado que su predecesor en el Ejecutivo, Francisco Flores (1999-2004), falleció antes de que se instalara un proceso en su contra.