Fiscalía acusa a 17 personas por blanqueo en un banco de Guatemala
La Fiscalía de Guatemala presentó hoy la acusación formal y completa contra 17 personas encausadas por el delito de lavado de dinero en el caso de una estafa de 1.540 millones de quetzales (205,33 millones de dólares) a los más de 9.000 clientes que tenía el Banco del Comercio de Guatemala.
La documentación, entregada al Juzgado "A" de Mayor Riesgo, va contra auditores y representantes legales de varias empresas que fueron detenidas y ligadas a proceso el año pasado, y que según la fiscalía deben ser enjuiciadas por los delitos de lavado de dinero u otros activos, encubrimiento propio e intermediación financiera.
El memorial de acusación tiene 21.603 folios que contienen 325 medios de prueba, entre ellos, documentos, declaraciones testimoniales y prueba material.
Ahora el Juzgado debe programar una fecha para el inicio de la etapa intermedia, en la que deberá decidir si los imputados van o no a juicio.
Entre los acusados están Walter Guillermo Chamalé Marroquín, Jorge Antulio Dardón Santiago y Miguel Alfredo Rosales López, procesados por lavado de dinero e intermediación financiera.
Por lavado de dinero están encausados Mercedes Patricia Guerra De Vega, Carlos Enrique González Cochran, Enrique Javier Argeñal Zamora, Rosa Estela Salazar García De Anzoátegui, Mynor David Carrillo Bran, Guillermo Rodolfo Estrada Crespo y Víctor Manuel López Saravia.
También José Bernardo Estrada Escobar, Carlos Luarca Gil, Virgilio Estacuy Coroxon, Héctor Leonel Velásquez, Rosa María Chavarría Lemus y María Figueroa De Pérez.
Mientras que por encubrimiento propio tiene auto de procesamiento María Figueroa De Pérez.
La Junta Monetaria suspendió las actividades del Banco de Comercio en 2007 debido a su insolvencia financiera.
En 2002, la institución fue acusada del delito de intermediación financiera, es decir que el dinero captado lo invertía en créditos o financiación de cualquier naturaleza sin lo establecido en la Ley de Bancos.
Según la fiscalía, una de las formas de operar consistió en otorgar préstamos millonarios sin garantía a empresas relacionadas con el Banco de Comercio.
El dinero se habría captado por medio de la Organizadora de Comercio S.A., ubicada en Panamá, y la Organizadora del Comercio S.A., con sede en Guatemala.