Fiscal anticorrupción condenada en Guatemala a cuatro años de prisión

Ciudad de Guatemala, Guatemala/Una prominente fiscal anticorrupción de Guatemala fue sentenciada este viernes a cuatro años de prisión en un polémico y acelerado juicio rechazado por las organizaciones de derechos humanos y que la expone a ocho años de prisión.

La jueza Oly González anunció el fallo en el juicio contra la fiscal Virginia Laparra, iniciado hace apenas 18 días y en el que todos los que testificaron eran policías o funcionarios, además de un controvertido juez que fue investigado por la acusada antes de caer en desgracia y ser detenida, el 23 de febrero.

La fiscalía pidió ocho años de cárcel para Laparra por supuesto "abuso de autoridad", y que se le inhabilite para ejercer como abogada y ocupar cargos públicos, pero defensores de los derechos humanos afirman que debe ser absuelta pues es una "presa de conciencia".

"Nosotros esperamos que la única resolución que exista por parte del tribunal sea la declaratoria de inocencia y la libertad inmediata de la fiscal", dijo a la AFP Jorge Santos, coordinador de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala.

- "Venganza" -

Al hacer sus descargos el jueves, Laparra declaró entre lágrimas que era víctima de una persecución.

También afirmó que los cargos en su contra eran "una venganza" de una polémica entidad de derecha, querellante en este juicio, célebre por defender a políticos guatemaltecos denunciados por corrupción y a militares acusados de haber cometido crímenes durante en la guerra civil (1960-1996).

Aseguró además que la denominada Fundación Contra el Terrorismo siempre se opuso a la lucha contra la corrupción en Guatemala: resistió a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente investigador que operó con aval de la ONU entre 2007 y 2019, y a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), donde ella sirvió durante seis años.

La Fundación "no es contra el terrorismo, es una fundación para infundir terror realmente", afirmó Laparra.

Al finalizar, varios asistentes en la sala del tribunal la aplaudieron.

Antes de ser llevada esposada por los guardias, su madre abrazó a la fiscal, quien era jefa de la FECI en Quetzaltenango, en el oeste de Guatemala, y fue arrestada y separada de sus funciones en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción.

La organización humanitaria Amnistía Internacional considera que Laparra es una "presa de conciencia".

Los únicos testigos que declararon en este juicio fueron dos policías que la arrestaron, un abogado designado por la parte acusadora, un perito grafológico (para autenticar su firma) y el exjuez Lesther Castellanos, a quien Laparra denunció en cuatro ocasiones por presuntamente filtrar información reservada.

La CICIG era un ente adscrito a la ONU que indagó casos de corrupción durante su mandato, y operaba como una suerte de fiscalía paralela debido a la existencia de mafias enquistadas en las esferas del Estado.

- "Campeón anticorrupción" -

El juicio contra Laparra comenzó el 29 de noviembre en medio de manifestaciones de activistas afuera del tribunal para exigir su liberación.

Estados Unidos afirma que la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, emprendió una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la CICIG.

Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.

En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.

Una de las acciones que motivó a Washington a prohibir el ingreso de Porras a Estados Unidos fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval. 

Estados Unidos consideraba como un "campeón anticorrupción" a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.

El anterior presidente guatemalteco, Jimmy Morales, se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.