Familia de ambientalista hondureña asesinada denuncia exclusión de juicio

La familia de la asesinada ambientalista hondureña Berta Cáceres denunció este lunes que un tribunal inició el juicio oral y público contra ocho acusados del crimen sin la participación de sus abogados.

"El juicio empezó el sábado sin la presencia de nuestros abogados, ellos no asistieron porque presentaron una recusación contra los jueces", explicó a la AFP Roberto Cáceres, hermano de la asesinada coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e indígenas de Honduras (Copinh).

La dirigente indígena fue baleada el 2 de marzo del 2016 por pistoleros que entraron a su casa en la comunidad de La Esperanza (oeste).

Roberto Cáceres señaló que el tribunal resolvió que los abogados de la familia y del Copinh "abandonaron el caso", sin tomar en cuenta que habían recusado a los jueces por dudar de su imparcialidad.

En la reanudación de la audiencia, este lunes, el portavoz de la fiscalía, Yuri Mora, dijo a la AFP que los abogados de la familia y Copinh quedaron excluidos definitivamente del juicio "por abandono" y que su representación fue asumida por los fiscales.

El juicio había sido suspendido por tercera vez el viernes anterior, luego de que los abogados acusadores de la familia y Copinh recusaran a los tres jueces del caso.

La misma petición hizo que el proceso fuera suspendido el 17 de setiembre y el 15 de octubre.

Los abogados aseguraron a la AFP que los jueces no les garantizan un juicio justo, luego de que se negaron a exigir a la fiscalía todas las pruebas contra los ocho imputados, lo que los hizo sospechar de que pretenden exonerar de culpa a ejecutivos y socios de Desarrollos Enegéticos S.A. (DESA).

Entre los ocho acusados figura el gerente ambiental de DESA, Sergio Rodríguez, y miembros del equipo de seguridad de esa compañía energética.

Adicionalmente, en un juicio aparte está acusado el presidente ejecutivo de DESA, David Castillo.

Cáceres tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de denunciar que personal de DESA la amenazaba de muerte por organizar manifestaciones de indígenas contra la construcción de una hidroeléctrica en el río Gualcarque (oeste) por parte de la compañía.