Expresidente salvadoreño Saca acuerda confesar cohecho a cambio de pena leve

El expresidente de El Salvador Elías Antonio Saca (2004-2009) pactó con la Fiscalía confesar el delito de cohecho a cambio de una pena de dos años de prisión en un proceso ligado a una supuesta red de sobornos en el sistema judicial, informó este martes una de las fiscales del caso.

"Se ha autorizado que se someta a un procedimiento abreviado", dijo la fiscal a periodistas en la sede de los tribunales en San Salvador.

Señaló que el juez de la causa tendrá la decisión de sustituir la pena por trabajo social, dado que la legislación salvadoreña establece dicha posibilidad en condenas de tres años de cárcel o menores.

La Fiscalía acusa a Saca del delito de cohecho activo, cometido al supuestamente ofrecer 10.000 dólares a una empleada de un tribunal civil en el que enfrenta un proceso por enriquecimiento ilícito por casi 4 millones de dólares.

Esta es la segunda ocasión que Saca utiliza este recurso legal para evitar penas altas, dado que en septiembre de 2018 fue condenado a 10 años de prisión por desviar y lavar más de 300 millones de dólares del presupuesto estatal.

Saca, quien llegó al poder con la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), evitó así al menos 25 años de prisión por peculado y lavado de dinero.

El ex jefe de Estado también es procesado por supuestamente participar en el lavado de 10 millones de dólares donados por Taiwán al Gobierno de su antecesor, el difunto Francisco Flores (1999-2004).

Una diputada de Arena, partido que expulsó a Saca, propuso al Congreso el pasado 15 de mayo bloquear este recurso legal en delitos relacionados con la corrupción.

La propuesta de reforma legal fue presenta por la diputada Marcela Villatoro, quien señaló en un escrito a la Junta Directiva del Congreso que el uso de los procesos "abreviados" por funcionarios ligados a la corrupción ha generado en la población "indignación y pérdida de confianza".

La esposa de Saca, Ana Ligia de Saca, también buscó someterse a un "juicio abreviado" para confesar el delito de lavado de dinero a cambio de una pena excarcelable en un proceso ligado a la trama de corrupción del expresidente.

No obstante, el pacto no prosperó por las diferencias entre ambas partes sobre la responsabilidad civil, dado que la Fiscalía pedía que entregará más de 17 millones de dólares y la defensa aseguró que la procesada no posee el dinero suficiente para el pago.