EEUU acusa a Nicaragua de 'robar el futuro de la juventud' al cerrar universidades
Crisis en Nicaragua
Washington/El presidente de Nicaragua Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, le "roban el futuro" a la juventud al cerrar universidades, afirmó este miércoles el jefe de la diplomacia estadounidense para las Américas, Brian Nichols.
"El régimen Ortega-Murillo le roba el futuro a la juventud nicaragüense al recortar los fondos y cerrar las mejores universidades, y al poner en listas negras a estudiantes activistas", señaló Nichols en un tuit.
El parlamento nicaragüense, de mayoría oficialista, aprobó el 19 de enero la cancelación de tres asociaciones universitarias privadas a petición del ministerio de la Gobernación (Migob).
Se trata de tres asociaciones civiles asociadas a universidades: la Asociación Pro-Universidad Agropecuaria de la Quinta Región, la Asociación Pro-Universidad de Jinotega y la Fundación Universidad de Mobile Latinoamericana Campus (Fumlac).
En diciembre, el parlamento ya canceló la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), también privada.
El gobierno alega que las juntas directivas no rendían cuentas a las instituciones y también recortó fondos a centros de enseñanza superior.
En 2022, por iniciativa del Consejo Nacional de Universidades (CNU), dependiente del Ejecutivo, se redujo al mínimo el presupuesto que el Estado otorgaba a algunas universidades como la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) y la Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse).
"Al régimen solo le importa el control y poner a todo el país al servicio de una familia", acusó Nichols.
Las universidades fueron el epicentro de las protestas sociales de 2018, cuya represión dejó 355 muertos y más de 100.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Daniel Ortega, de 76 años, asumió su cuarto mandato consecutivo tras ser reelegido en las elecciones del 7 de noviembre en medio de denuncias de fraude, dado que los principales opositores estaban presos o en el exilio.
Estados Unidos y la Unión Europea, que consideran que los comicios no fueron democráticos, impusieron sanciones en los últimos años a familiares y allegados de Ortega y Murillo, así como a funcionarios y algunas entidades como la policía y la fiscalía, por corrupción y violación de los derechos humanos.