'Dios lo cuide', dice salvadoreña a su marido arrestado en cerco militar

Con chalecos antibalas y fusiles, unos 150 policías abordan numerosos carros blindados y parten con diferentes rumbos a buscar pandilleros en el segundo día de un cerco militar impuesto por el presidente Nayib Bukele en una región completa de El Salvador. 

Antes de partir, los agentes reciben instrucciones dentro de un antiguo presidio en Ilobasco, una pequeña ciudad del departamento central de Cabañas, que desde el martes está bajo cercado por militares y policías.

"Dios lo cuide, adiós, mi amor", alcanza a gritarle llorando una mujer descalza a su marido mientras unos policías se lo llevan desde su casa en la comunidad rural de Maquilishuat, a pocos kilómetros de Ilobasco.

El oficial a cargo del arresto asegura que este hombre de 44 años "pertenece" a la temida Mara Salvatrucha (MS-13).

"Es el encargado de movilizar las armas de su pandilla", señala el oficial a la AFP.

Con la "guerra" contra las pandillas declarada por Bukele en marzo de 2022, casi 72.000 supuestos pandilleros están presos en El Salvador, en virtud de un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial.

Organismos de derechos humanos critican los métodos de Bukele y alegan que su guerra implica abusos y son detenidos muchos inocentes.

"Está muy bueno"

Los policías establecieron en carreteras de Cabañas retenes para detener vehículos y pedir identificación a sus ocupantes, mientras otros, con listas de nombres en mano, buscaban pandilleros en sus casas.

Estos agentes de la Sección Táctica Operativa forman parte del operativo de 7.000 militares y 1.000 policías que Bukele desplegó en Cabañas luego que el domingo unos presuntos pandilleros lesionaran a dos policías en esta zona.

"Yo digo que está muy bueno [el cerco militar] para que así la gente ande tranquilamente", declara a la AFP Cruz Peña, vendedor de periódicos de 63 años en la plaza central de Ilobaso.

Cuando trabajaba en autobuses, un pandillero le colocó una vez un puñal en el cuerpo a Peña para despojarlo de su dinero, mientras que otros vecinos se vieron forzados a cerrar sus tiendas y se fueron del país para salvaguardar sus vidas.

 "Mataron a dos sobrinos"

José Escobar, quien reside desde hace 33 años en Washington y de visita desde hace una semana en El Salvador, cuenta que las pandillas le mataron a dos sobrinos en los últimos años.

"En mi caso tuve que emigrar, mi familia tenía que pagar [extorsiones] por vivir en nuestra propia casa, [era una] situación muy desagradable", relata el hombre de 56 años a la AFP.

Sentado en una banca frente a la iglesia de Ilobasco, Escobar dice que en una semana más regresará a su hogar en Estados Unidos, pero que en virtud del nuevo ambiente de seguridad en El Salvador, una vez que se jubile volverá a vivir en Ilobasco.

"Intervención de raíz"

Todas las carreteras de Cabañas eran vigiladas este miércoles por militares con vehículos blindados provistos de ametralladoras.

En la ruta que conduce de San Salvador hacia Sensuntepeque, la cabecera departamental, los soldados detenían al azar a vehículos y solicitaban documentos a sus ocupantes.

Tras abrir su vehículo a los soldados y mostrar sus documentos, Steven Pocasangre, un agrónomo de 36 años, dice que en la zona había lugares "donde no se podía llegar" por estar bajo control de pandillas y celebra que las autoridades "están interviniendo de raíz".

Cabañas tiene 150.000 habitantes y es uno de los departamentos más pequeños de El Salvador, de apenas 1.100 kilómetros cuadrados. Es una región agrícola, con cultivos de café y caña de azúcar y pequeñas explotaciones ganaderas.

"Ya pasamos la guerra civil"

La presencia de militares y policías ha generado preocupación en la comunidad Santa Marta, debido a que esa zona afrontó la crudeza de la guerra civil (1980-1992) y sus habitantes huyeron a Honduras, donde permanecieron siete años.

"Muchas madres están preocupadas porque han visto que bastantes soldados están alrededor de nuestra comunidad y tienen temor porque a sus hijos puedan quitarles la libertad", comenta a la AFP Vilma Escamilla, de 43 años.

En Santa Marta, incluso las madres tienen temor que a sus hijos que tienen milpas (cultivos de maíz) en los cerros inmediatos "los puedan agarrar presos", agrega la mujer.

"Para nosotros es como revivir lo que ya pasamos en tiempo de guerra (...), pedimos respeto a nuestra comunidad porque nosotros tenemos derecho de andar libres", enfatiza.