Coronel en retiro que pidió renuncia de Ortega enfrentará juicio en Nicaragua
El coronel en retiro del Ejército de Nicaragua Carlos Brenes Sánchez será juzgado tres meses después de haber pedido públicamente la renuncia del presidente Daniel Ortega, informó hoy el Gobierno nicaragüense.
Brenes fue presentado hoy ante un juez de Managua por el Ministerio Público, que lo acusa de terrorismo, secuestro, asesinato y daños a la propiedad, entre otros delitos.
El coronel retirado, de 63 años, es señalado por el Gobierno de ejecutar actos ilegales en el departamento (provincia) de Carazo, en el Pacífico de Nicaragua, junto con otros ocho hombres, entre ellos el mayor retirado del Ejército Roberto Samcam Ruiz, uno de los mayores críticos del presidente Daniel Ortega.
El 16 de mayo pasado Brenes, en nombre de oficiales en retiro del extinto Ejército Popular Sandinista (EPS), leyó una proclama en la que demandó la salida del poder de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta, Rosario Murillo, a quien responsabilizan de la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua.
La lectura la hizo en la simbólica plaza pública del barrio indígena de Monimbó, en el municipio de Masaya, 29 kilómetros al sureste de Managua, un antiguo bastión de los sandinistas y que hasta mediados de julio fue uno de los principales focos de la resistencia contra el Gobierno en la actual crisis.
Esta mañana la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) señaló al Gobierno nicaragüense de producir una "criminalización y persecución de todas aquellas personas que participaron en las protestas o que son de alguna forma percibidas como opositores al gobierno".
Entre las violaciones del Gobierno a los derechos humanos, que Acnudh ha documentado, están "el uso desproporcionado de la fuerzas por parte de la policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales", o bien "desapariciones forzadas", así como "detenciones arbitrarias o ilegales con carácter generalizado".
El Gobierno rechazó estos señalamientos e insistió en que el informe de la Acnudh es "subjetivo, sesgado, prejuiciado y notoriamente parcializado".
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que también ha sido descalificada por el Gobierno de Nicaragua debido a un informe con conclusiones similares, apoyó la denuncia de la Acnudh, que reporta 300 muertos como producto de la represión gubernamental.
Organismos humanitarios locales estiman que entre 400 y 500 personas han desaparecido o fueron convertidos en "reos políticos" desde el estallido social de abril.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas reformas de la seguridad social, que finalmente fueron retiradas, y se convirtieron en la exigencia de que renuncie el mandatario, después de 11 años en el poder, entre acusaciones de abuso y corrupción en su contra.