Congelan bienes a dos diputados en Honduras implicados en caso de corrupción
Tegucigalpa/Las autoridades de Honduras congelaron hoy, por tercer día consecutivo, bienes a los implicados en un caso de presunta corrupción que involucra a diputados del Parlamento.
Unos de los bienes congelados este jueves por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) es la empresa constructora Santos & Compañía, en Tegucigalpa, propiedad de la familia del excandidato presidencial y actual diputado Elvin Santos, del opositor Liberal.
La segunda propiedad asegurada para que no pueda ser vendida o traspasada es un terreno en Tegucigalpa del diputado Celín Discua, del gobernante Partido Nacional, señaló la ATIC.
El aseguramiento de bienes, por tercer día consecutivo, se ha hecho en coordinación con la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) y la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), añadió.
Las autoridades han asegurado desde el martes medio centenar de bienes, incluidas las sedes de los partidos Nacional y Liberal, a personas naturales o jurídicas que "se beneficiaron de forma ilícita de dineros públicos procedentes de la Secretaria de Agricultura y Ganadería", en un caso de presunta corrupción denominado Caso Pandora, según el Ministerio Público.
El caso Pandora fue investigado por expertos de la Ufecic y de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), de la Organización de Estados Americanos, tras una denuncia del inversionista italiano y ex cónsul honorario en la isla hondureña de Roatán, Pietro Di Battista.
Di Battista denunció una "utilización indebida de la fundación Dibattista en operaciones atípicas y no autorizadas".
Por este caso son acusados 38 personas, entre los que figuran Santos y el expresidente del Parlamento hondureño Rodolfo Irías Navas, del Partido Nacional, quienes se defienden en libertad.
Todos son acusados por el desvío de un poco más de 282 millones de lempiras (unos 11,7 millones de dólares) que fueron utilizados en la campaña de las elecciones generales de 2013, según la denuncia.
La magistrada que conoce el caso dictó a finales de julio sobreseimiento definitivo a dos de los imputados, arresto domiciliario a una mujer por estar en período de lactancia materna y a 26 restantes, entre ellos diputados del Parlamento, medidas cautelares distintas a la prisión.