Aplazan declaración de testigo en causa contra el expresidente salvadoreño Funes

Una corte de instrucción de El Salvador aplazó este lunes la declaración de un testigo protegido en la causa penal que enfrenta el expresidente Mauricio Funes (2009-2014) por la supuesta malversación de más de 351 millones de dólares.

El Juzgado Séptimo de Instrucción tenía previsto la declaración del testigo, quien se acogió al criterio de oportunidad para evitar ser procesado penalmente, pero suspendió la diligencia por la inasistencia los defensores públicos de otros imputados.

Se espera que la declaración comience mañana martes y se extienda toda la semana.

Este proceso incluye a la exprimera dama Vanda Pignato, quien se presentó a la sede de los tribunales en San Salvador para presenciar la audiencia.

Marvin Flores, defensor de Pignato, aseguró a periodistas que dicha declaración anticipada es "una maniobra de la Fiscalía ante la falta de prueba para fundamentar la acusación".

Las investigaciones del Ministerio Público señalan que Funes desvió y lavó más de 351 millones de dólares del presupuesto estatal mediante cuentas de banco particulares con la ayuda de más de 30 personas.

Funes, al igual que el expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009), utilizaron esquemas similares para apropiarse del dinero mediante una cuenta de "gastos reservados" que sirve para canalizar el gasto de la inteligencia estatal, de acuerdo con la Fiscalía.

Saca purga una pena de 10 años de prisión impuesta en septiembre de 2018 por malversar más de 300 millones de dólares y lavarlos mediante sus empresas de comunicaciones, delitos que confesó en un juicio.

Funes también es procesado por el supuesto pago de sobornos al ex fiscal general Luis Martínez para evitar investigaciones, malversar fondos de la construcción de una represa, revelar un documento secreto del Gobierno de Estados Unidos y evasión de impuestos.

La etapa de instrucción del proceso por su supuesta participación en la trama de sobornos concluyó el pasado 23 de diciembre, fecha en la que el Ministerio Público presentó el dictamen de acusación.

El exmandatario, que actualmente vive en Nicaragua y donde obtuvo la nacionalización, supuestamente entregó dinero y bienes a Martínez para evitar la investigación por una tregua entre las pandillas apoyada por el Gobierno y por la construcción irregular de una represa.

Funes atribuyó al armisticio entre las pandillas una sensible baja en las cifras de homicidios, pero tras su fin, el país experimentó alzas sostenidas de muertes violentas hasta marcar las 103 por cada 100.000 habitantes en 2015.