Piden a Honduras garantizar reparación a la familia de la asesinada Berta Cáceres
La misión de expertos en derechos humanos que da seguimiento al juicio por el asesinato en 2016 de la ambientalista Berta Cáceres instó hoy al Estado de Honduras a garantizar justicia y la reparación a la familia de la víctima.
La misión indica que espera que "las irregularidades" del juicio "sean legalmente resueltas" y exhorta al Estado a que "se respeten los estándares básicos del debido proceso".
"De manera que se logren juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales y garantizar a las víctimas y a la sociedad hondureña verdad, justicia y reparación", añadió.
En un comunicado divulgado por la Abogacía Española, los expertos expresan además "su enérgica preocupación por la reciente exclusión del proceso penal de los abogados privados de las víctimas".
Señalan que la decisión del tribunal de sentencia, que "se suma a una serie de decisiones en el proceso, se configura como un obstáculo más al acceso de las víctimas a la justicia y pone en peligro los principios de un juicio justo e imparcial".
La defensa privada que lleva el caso de la líder indígena presentó el día 19 una nueva recusación contra el tribunal de sentencia, por lo que no se presentó ese mismo día a la audiencia convocada para iniciar el juicio, que comenzó un día después, aduciendo que era "ilegal" la continuación del proceso.
Los abogados recusaron a los jueces con base a "una denuncia por abuso de autoridad, encubrimiento, denegación y retardo de justicia y violaciones de los deberes de los funcionarios", señala el informe de la misión de expertos conformada desde el 31 de agosto.
El tribunal determinó que la familia y los abogados habían abandonado el proceso y dejó al Ministerio Público como representante de las víctimas que rechazan la decisión.
"En razón de que, entre otras acciones, el tribunal rechazó al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) como víctima, limitó la publicidad del proceso, rechazó prueba clave y por irregularidades en las normas procesales del proceso", añaden los expertos.
La decisión del tribunal "es inquietante porque las víctimas han presentado al menos dos denuncias penales contra el Ministerio Público", enfatizan.
La denuncia más reciente fue hecha el 19 de octubre por los delitos de "abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y desobediencia, violación de derechos de las víctimas de un delito", señala la misión de expertos.
"Previamente denunciaron la falta de investigación de forma diligente en el caso y por obstaculizar el proceso, violentando el acceso de las víctimas a la información", agrega.
Los encausados en un juicio, que sigue este viernes, se enfrentan a acusaciones por el crimen de Berta Cáceres y la tentativa de asesinato del ambientalista mexicano Gustavo Castro.
Castro es el único testigo del crimen y el día del suceso era huésped de la activista hondureña y resultó herido de bala, aunque no de gravedad.
La misión de observación está integrada por representantes de al menos 17 organizaciones de Canadá, Colombia, España, Francia, Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua y Honduras.
Los expertos expresan además "su inquietud" por la decisión del tribunal y "su preocupación sobre la posibilidad de que la motivación de esta decisión sea acallar a las víctimas en su legítima exigencia de justicia".
"El resultado, de facto, de no permitir a las víctimas una adecuada representación independiente compromete los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos al debido proceso, la verdad y la justicia efectiva bajo los estándares internacionales", indican los representantes de la misión.
La recusación y denuncia presentadas por las víctimas y su defensa requiere de la Justicia hondureña "una respuesta fundamentada, razonable, pronta y acorde", enfatizan.
Además, la respuesta debe ser "conforme la exigencia reiterada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Luna López vs Honduras" relacionado con el alegado asesinato de Carlos Antonio Luna López, un defensor ambientalista de ese país centroamericano, señala el informe de los expertos.