La alianza opositora urge a Ortega a retomar el diálogo para una salida pacífica a la crisis

La gran alianza opositora que agrupa a sectores estudiantiles, empresariales y civiles de Nicaragua urgió hoy al presidente Daniel Ortega a retomar el camino del diálogo para buscar una salida pacífica y democrática a la crisis, que ha dejado centenares de muertos en el país desde abril pasado.

"La Alianza Cívica hace un llamado urgente a retomar el camino para una salida pacífica y democrática, a cesar toda forma de violencia y a reinstalar el diálogo nacional con la Conferencia Episcopal como mediadora y testigo, con los garantes internacionales apropiados", indicó este miércoles la llamada Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en una declaración.

El diálogo, cuyos mediadores y testigos son los obispos de la Conferencia Episcopal, se instaló a mediados de mayo pasado pero se ha desarrollado de forma intermitente y permanece suspendido desde el pasado 25 de junio, cuando celebró su última sesión.

La Alianza Cívica, que aglutina a empresarios, sociedad civil, estudiantes y campesinos, envió una comunicación escrita a Ortega en la que le exige "se den pasos coordinados en la mesa de diálogo para propiciar" el cese del clima de confrontación y restablecer la seguridad ciudadana en todo el ámbito nacional.

También que libere a todos los prisioneros políticos y brinde información detallada sobre la lista de personas que actualmente figuran como desaparecidas.

Asimismo, cese la represión en sus diversas formas: criminalización de las protestas, tomas de tierras, intimidación a los miembros dialogantes, medios de comunicación y defensores de los derechos humanos.

Otra de las exigencias de esa coalición opositora es que el Gobierno "proceda a desarmar y disolver todos los grupos parapoliciales y otros grupos armados, bajo supervisión de la OEA y Naciones Unidas", explicó el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, quien leyó la declaración.

"Desde la Alianza nos unimos al Comité Pro Libertad de los Presos Políticos para exigir la libertad y respeto a las garantías de todos los nicaragüenses que han sido arrestados por el régimen Ortega-Murillo por el simple hecho de disentir con la acción represiva del Gobierno y apoyar el proceso de democratización de Nicaragua", continuó el líder empresarial.

Esa coalición condenó "la criminalización de la protesta pacífica por este régimen". Según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado de Nicaragua ha acusado y procesado a 137 personas por terrorismo, crimen organizado, secuestro, entre otros delitos, en el marco de las protestas antigubernamentales.

Nicaragua atraviesa la crisis más sangrienta desde la década de 1980, también con Daniel Ortega como presidente, y que ha dejado entre 317 y 448 muertos, según varios organismos humanitarios, cifra que el propio Gobierno cifró este martes en 197.

La CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias", lo que Ortega ha negado.

Mientras, la ONG Human Rights Watch (HRW) ha criticado el despido de decenas de médicos nicaragüenses en una aparente represalia por haber participado en las protestas contra el Gobierno o haber expresado diferencias con su gestión.

Las protestas contra el Gobierno comenzaron el pasado 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia de Ortega, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.