Tribunal Supremo de India examinará legalización del matrimonio homosexual

El Tribunal Supremo de India decidió el viernes examinar una petición presentada por una pareja de homosexuales que reclaman que sea reconocido el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Los magistrados, presididos por el juez Dhananjaya Chandrachud, aprobaron estudiar el caso y pidieron al gobierno que presente sus argumentos en el plazo de un mes.

En 2018, el Tribunal abolió la ley que prohibía la homosexualidad, que databa de la época colonial británica, pero ningún texto autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo.

De momento, en Asia, solo Taiwán autoriza las uniones de personas del mismo sexo.

Según los medios de comunicación, los demandantes, dos hombres que están juntos desde hace casi diez años, se comprometieron el año pasado pronunciando sus votos de forma informal en el Estado de Telangana, en el sur.

"Esperamos vivir en un mundo sin armario", declararon en aquel entonces Abhay Dange y Supriyo Chakraborty, citados por el diario The New Indian Express.

Varios tribunales indios han recibido reclamos para que se legalice el matrimonio entre personas del mismo sexo, sobre todo en Nueva Delhi, Kerala y Uttar Pradesh, pero esas peticiones siempre se han topado con la oposición de los gobiernos regionales.

A principios de año, la Alta Corte de Allahabad rechazó la petición de una pareja de lesbianas, después de que el gobierno de Uttar Pradesh alegara que ese tipo de unión iba en contra de la cultura india, según informó la prensa local.

El año pasado, el gobierno del primer ministro, Narendra Modi, consideró ante la Alta Corte de Delhi que los matrimonios homosexuales "trastocan completamente el equilibrio delicado del código de derechos personales del país", según citas del diario The Hindu.

La abolición, en 2018, de la ley que penalizaba la homosexualidad desde hacía 150 años supuso una victoria para la comunidad LGTBQ+ (lesbianas, gays, trans, bisexuales, "queers" y otros). Hasta entonces, los miembros de ese colectivo se exponían a condenas de hasta diez años de cárcel.

Sin embargo, muchos se declaran marginados, estigmatizados o incluso víctimas de acoso.