Tribunal nipón exime al Gobierno de responsabilidad en la crisis de Fukushima

Un tribunal de Japón dictaminó hoy que al Gobierno de Japón no se le puede atribuir responsabilidad legal en la catástrofe nuclear de Fukushima de 2011, revocando así una decisión de una instancia inferior.

La resolución emitida este jueves por el Tribunal Superior de Tokio invalida la sentencia emitida el pasado septiembre por otra corte de Sendai (este), y es la primera de una instancia de este nivel a favor del Estado tras una treintena de sentencias de tribunales inferiores que señalaban al Gobierno como responsable.

En su decisión de hoy, no obstante, el tribunal tokiota ha decidido mantener la orden de la instancia inferior para que el Gobierno indemnice a un grupo de afectados por el accidente nuclear desencadenado por el terremoto y el tsunami de marzo de 2011.

Así, el Estado deberá pagar unos 38,55 millones de yenes (373,000 dólares) a 62 residentes de la zona que se vieron a abandonar sus hogares por la catástrofe nuclear.

La sentencia, no obstante, podría ser recurrida en último término ante el Tribunal Supremo de Japón.

En Japón siguen pendientes de resolución definitiva decenas de causas judiciales iniciadas por colectivos de damnificados por el desastre nuclear, quienes argumentan que la catástrofe se pudo haber evitado con medidas preventivas y reclaman compensaciones por la destrucción de sus hogares y el prolongado impacto causado en sus vidas.

El terremoto y el tsunami desencadenaron fusiones parciales en tres de los cuatro reactores de la planta de Fukushima Daiichi, lo que terminó esparciendo contaminación radiactiva en un amplia área en torno a la planta y obligó a evacuar a más de 100,000 personas.

Este accidente atómico es considerado el peor de la historia tras el acaecido en Chernóbil (Ucrania) en 1986, y sus consecuencias aún mantienen a 55,000 personas sin poder regresar a sus hogares.

Además de las indemnizaciones ordenadas por los tribunales, el Gobierno ha abonado compensaciones a los desplazados por su evacuación obligatoria, y que se incluyen en el ingente coste que afrontan las arcas públicas por el desmantelamiento de la planta y otros gastos relacionados, estimado en unos 20 billones de yenes (161,470 millones de euros).