La purga antigolpista turca no cesa: otros 13.000 policías, suspendidos

Casi tres meses después del fallido golpe de Estado de julio, las purgas en el funcionariado de Turquía no han cesado y hoy fueron suspendidos casi 13.000 policías por posibles vínculos con la cofradía de Fethullah Gülen, a la que el Gobierno acusa de instigar la asonada.

Esta cifra se añade a los más de 130.000 funcionarios y empleados públicos que han sido suspendidos de sus cargos a raíz del golpe, según estimaciones difundidos hoy por la cadena NTV.

La policía turca contaba en 2015 con 244.000 agentes, por lo que los efectivos suspendidos hoy suponen más del 5 por ciento del total del cuerpo.

Además, hoy también fueron detenidos 21 militares en una base de la Fuerza Aérea de Konya, en Anatolia central, bajo la acusación de pertenecer al movimiento de Gülen y de "conspirar para obstaculizar la legalidad".

La cofradía de Gülen, fundada hace varias décadas, llegó a ostentar un enorme poder gracias a la colocación de sus miembros en puestos clave de la Policía y la Judicatura durante la década pasada, algo que hasta 2013 fue fomentado por el Gobierno, en manos del partido islamista AKP, de ideología similar.

Pero la lucha de poder desencadenada hace tres años ha llevado a enormes purgas en el aparato estatal, que se extendieron a todos los sectores del empleo público, especialmente al de la enseñanza, tras el fallido golpe de julio.

Las cifras oficiales hablan de 93.000 empleados públicos apartados del cargo temporalmente y 59.000 funcionarios expulsados de la carrera, según portavoces del partido socialdemócrata CHP, en la oposición, aunque advirtieron que los datos son "confusos".

Del ejército fueron expulsadas 3.500 personas, y la misma medida se ha tomado contra 4.200 académicos, de los que 2.340 ya han sido destituidos, al igual que 3.400 jueces y fiscales.

Un dato manejado por el Gobierno turco para detectar a gülenistas es el uso de una aplicación de telefonía móvil para enviar mensajes encriptados, denominada 'Bylock' y supuestamente desarrollado específicamente para el uso de los miembros de la cofradía.

Se ha detectado el uso de esta aplicación por parte de unas 55.000 personas, según asegura la prensa turca.

El ministro de Justicia, Bekir Bozdag, confirmó la semana pasada que la Fiscalía ha abierto diligencias contra 70.000 personas y que unas 32.000 están en prisión preventiva, esperando juicio.

"Estas cifras son algo inauditas para alguien que ha vivido ya dos golpes militares anteriores", ha denunciado Kemal Kiliçdaroglu, jefe del partido CHP, el mayor de la oposición, que ha acusado al Gobierno de usar la asonada "con fines oportunistas".

"No están luchando contra el golpismo, se están vengando de los gülenistas", aseguró.

Pero agregó que el estado de emergencia, proclamado en julio pasado, también se utiliza ahora para acallar a académicos, periodistas y medios críticos con simpatías por el movimiento marxista kurdo, sin relación alguna con la asonada.

El Gobierno "se aprovecha del golpe para hacer todo lo que no podría hacer en un Estado normal. Es inaceptable", dijo Kiliçdaroglu.

Subrayó que la situación de los detenidos o simplemente acusados es preocupante porque a menudo se les confiscan sus propiedades y se les bloquean las cuentas, pero también por el ostracismo popular que sufren al saberse que son sospechosas de "traición".

El político aseguró haber recibido 30.000 quejas de ciudadanos afectados y relató el caso de un chico de 15 años que intenta trabajar para mantener a su madre y hermanos, pero al que despiden de los trabajos que encuentra cuando se enteran de que su padre es un policía expulsado del cargo por sospecha de vínculos gülenistas.

"Es un drama humano", aseguró Kiliçdaroglu.

Agregó que incluso los diputados del partido gubernamental AKP, incluido el primer ministro, Binali Yildirim, son conscientes de la situación pero que no pueden denunciarla por miedo a ser ellos mismos tildados de "simpatizantes de Gülen", un sambenito difícil de colgar a los socialdemócratas de convicciones laicas.

Aparte de las detenciones individuales, el Gobierno ha cerrado mediante decreto 35 instituciones del sector de la salud, más de mil del de la enseñanza, 800 hogares de estudiantes, 15 universidades, 129 fundaciones, 1.125 asociaciones, 19 sindicatos, 23 emisoras de radio, 45 periódicos y 29 editoriales, según los datos oficiales.