Piratas informáticos atacan a la junta de Birmania, los automovilistas bloquean las calles
Piratas informáticos atacaron el jueves páginas web gubernamentales gestionadas por la junta militar en Birmania, en respuesta al bloqueo nocturno de internet, mientras que los automovilistas formaron gigantescos atascos para bloquear el despliegue del ejército.
Un grupo llamado Hackers de Birmania atacó varías páginas gubernamentales, como la del Banco Central, la de propaganda del ejército, la cadena de televisión pública MRTV, la autoridad portuaria y la de la agencia de seguridad alimentaria y de salud.
La víspera, decenas de miles de personas se manifestaron en todo el país contra el golpe militar que derrocó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi el 1 de febrero, poniendo fin a una frágil transición democrática de diez años.
Desde entonces, los militares no han dejado de endurecer su control.
"Luchamos por la justicia en Birmania", declaró el grupo de piratas informáticos en Facebook. "Es como una gran manifestación ante las páginas web del gobierno", aseguraron.
Un periódico cercano a la junta confirmó que los sitios web militares también habían sido objeto de ciberataques.
En Rangún, los automovilistas bloquearon el tráfico el jueves, por segundo día consecutivo, en un intento de impedir el despliegue de las fuerzas de seguridad.
Así, autobuses y automóviles estaban detenidos en torno a un puente del distrito de Dagon Norte, según imágenes retransmitidas en directo, mientras los manifestantes clamaban: "¡No vayan a la oficina, únanse al movimiento de desobediencia civil!".
Cientos de arrestos
En la segunda ciudad birmana, Mandalay (centro), la policía y el ejército dispersaron a los manifestantes que bloqueaban el tráfico ferroviario, según testigos. Un miembro de los servicios de emergencia explicó que las fuerzas de seguridad abrieron fuego, pero no pudo precisar si se trataba de balas de goma o munición real.
Cuatro conductores de tren fueron detenidos a punta de pistola en la ciudad, según la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP), con sede en Rangún. Esta asociación denunció más de 500 arrestos desde el golpe militar del 1 de febrero.
A primera hora de la mañana del jueves, once empleados del ministerio de Relaciones Exteriores fueron detenidos por participar en el movimiento de protesta, dijo una fuente del ministerio a la AFP.
Un agente de policía que no quiso identificarse explicó que al menos 50 funcionarios habían sido detenidos en los últimos cuatro días.
En Myitkyina, en el norte del país, los medios locales mostraron filas de camiones militares observando la marcha de los manifestantes. La demostración de fuerza se produjo después de que el domingo se dispararan gases lacrimógenos y balas contra los manifestantes en la ciudad.
Tráfico de internet reducido
El miércoles por la noche, en el país se impuso una especie de toque de queda en internet que redujo el tráfico a un 21% de su nivel habitual, según el observatorio NetBlocks con sede en el Reino Unido, que registra las restricciones en la red. Las conexiones se restablecieron durante la jornada.
El miedo a las represalias está presente en el ánimo de los habitantes de este país que ha vivido cerca de 50 años bajo la férula militar desde su independencia desde 1948.
Las fuerzas de seguridad dispararon en varias ocasiones balas de goma, usaron gases lacrimógenos u hondas contra los manifestantes, hiriendo a varios.
Una mujer de 20 años que recibió la semana pasada un disparo en la cabeza, probablemente con munición real, está en estado de muerte cerebral.
Un policía murió el martes debido a las heridas que sufrió en una manifestación en Mandalay.
Pese a ello, los llamados a la desobediencia civil prosiguen : médicos, profesores, controladores aéreos o trabajadores ferroviarios están en huelga contra el golpe.
En Naipyidó, la capital administrativa, la exjefa de gobierno civil Aung San Suu Kyi, de 75 años, está bajo arresto domiciliario.
Suu Kyi, ya procesada por infringir una oscura norma comercial al importar "ilegalmente" walkie-talkies, se enfrenta a una nueva acusación por violar "la ley sobre la gestión de desastres naturales", según su abogado, que aún no ha podido contactar con ella. Hay una audiencia prevista el 1 de marzo.
Los generales hacen oídos sordos a las condenas internacionales y las sanciones anunciadas por Washington. Cuentan con dos apoyos importantes en la ONU, China y Rusia, para quienes la crisis actual constituye "un asunto interno" birmano.