ONG reclama a gobiernos de la región que protejan a los rohinyás de la trata

La oenegé Fortify Rights reclamó este 24 de octubre a los gobiernos de Bangladesh, India, Malasia y Tailandia que protejan a los miembros de la minoría musulmana rohinyá que huyen de la violencia en Birmania (Myanmar) y que caen en la redes de traficantes de personas.

"Los rohinyás emprenden viajes peligrosos en busca de seguridad tras afrontar persecución en Myanmar, y los traficantes se aprovechan con facilidad de su desesperación", denunció la directora ejecutiva de Fortify Rights, Amy Smith, en un comunicado.

"Los gobiernos de la región pueden prevenir este tráfico humano proporcionando a los refugiados la protección legal que merecen", añadió la activista.

El llamamiento realizado en Bangkok se complementó con la presentación del artículo "Mass Atrocities and Human Trafficking: Rohingya Muslims on the Move", que recoge las experiencias narradas este año por 16 rohinyás que cayeron en las redes de los traficantes.

Las bandas de traficantes recurren para conseguir obediencia y sacar la mayor cantidad de dinero posible de sus víctimas a la privación de agua y comida, la extorsión o el encierro en jaulas, como les ocurrió al rohinyá Ismail, de 17 años, y tres compañeros en Bangladesh.

El escrito pide la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) y advierte de que el ciclo de violencia, desplazamiento y explotación de los rohinyás continuará mientras no se acabe con la impunidad de los cuerpos de seguridad, se atiendan las raíces del problema y se respeten los derechos humanos.

Acciones por parte de la ONU

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el 27 de septiembre pasado la creación de un organismo independiente para que recoja, preserve y analice pruebas de posibles crímenes contra la humanidad cometidos en Birmania desde 2011, incluida la persecución de los rohinyás.

Una investigación de la ONU encontró elementos de "genocidio intencional" contra los rohinyás por parte de las Fuerzas Armadas birmanas en el estado Rakáin, situado en el oeste de Birmania y donde residía la gran mayoría de esa comunidad.

Casi 725,000 rohinyás escaparon de Rakáin y buscaron refugio en Bangladesh a partir del 25 de agosto de 2017 por la operación de castigo lanzada por los militares tras una serie de atentados ese mismo día por un grupo insurgente.

La investigación de la ONU, publicada el 18 de septiembre pasado, culpó a las Fuerzas Armadas birmanas de la gran mayoría de las atrocidades cometidas, incluidos asesinatos y violaciones, y nombró públicamente a los mandos militares que deberían ser juzgados por un tribunal internacional por haber intentado suprimir a una comunidad entera, la rohinyá.

Las Fuerzas Armadas y el Gobierno birmano, que dirige la nobel de la paz Aung San Suu Kyi, han rechazado el informe de la ONU.