Al menos tres muertos en manifestaciones en Birmania tras violenta noche de represión
Al menos tres personas murieron en las protestas en Birmania el sábado, tras una violenta noche de represión, en la que cientos de manifestantes desafiaron el toque de queda para celebrar vigilias por los muertos en las movilizaciones desde que los militares se hicieron con el poder.
Desde el golpe de Estado del 1 de febrero, la junta militar que asumió el poder reprime un movimiento de protesta sin precedentes, al que trata de frenar de forma cada vez más violenta, recurriendo incluso a la munición real. De momento, más de 70 manifestantes han muerto, según la ONU.
Pero se siguen produciendo multitudinarias manifestaciones en todo el país exigiendo la puesta en libertad de la líder Aung San Suu Kyi --detenida el mismo 1 de febrero-- y el retorno de la democracia.
En las protestas del sábado, las fuerzas de seguridad reprimieron con dureza la movilización en Mandalay, la segunda ciudad del país, y más de 20 personas, incluyendo un monje, resultaron heridas.
Al menos tres personas murieron, una de ellas de 21 años, según periodistas de la AFP y un médico.
En un centro médico improvisado, la hermana de Saw Pyae Naing lloraba junto al cuerpo de su hermano, mientras le acariciaba el rostro.
Estos incidentes tuvieron lugar un día después de que tres manifestantes perecieran en Rangún, la capital económica del país.
Según imágenes verificadas de las redes sociales tres manifestantes, uno de ellos de 18 años, fallecieron por disparos, durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Antes de que se produjeran estos disturbios, cientos de manifestantes desafiaron el viernes por la noche el toque de queda imperante para celebrar varias vigilias con velas en todo el país.
Cerca de Rangún, en Hledan --que durante varias semanas fue el epicentro de las protestas--, varios manifestantes que portaban imágenes de Suu Kyi, se sentaron y oraron, mientras sostenían velas encendidas en homenaje a los fallecidos en las movilizaciones contra el golpe de Estado militar.
"Honrar a héroes caídos"
"Ignoramos el toque de queda para honrar a los héroes caídos", afirmó a la AFP el activista Thinzar Shunlei Yi.
"La gente tenía miedo de salir después de las ocho de la tarde. Por eso es extraordinario cuando acuden todos a este llamado", agregó.
El sábado por la mañana, el funeral de otra de las víctimas, Chit Min Thu --quien falleció el jueves, día en el que se produjeron en total nueve muertos-- atrajo a una gran multitud, que hizo el simbólico saludo con tres dedos, señal de resistencia al nuevo poder, mientras el cadáver era llevado al crematorio.
"La revolución debe imponerse", afirmó la esposa del fallecido, que rompió a llorar cuando la gente a su alrededor coreó "paz para el alma" de Chit Min Thu.
Un líder comunitario, vinculado con el gobierno civil derrocado, Zaw Myat Linn, murió el martes durante su interrogatorio, tras haber sido arrestado, según un organismo de asistencia a los presos políticos.
Sin embargo, este sábado la prensa estatal afirma que Zaw Myat Linn, "saltó" del lugar donde se hallaba, cayendo sobre una tubería de acero. Estos medios oficiales advirtieron que se aplicarían severas medidas contra quienes difundan otras versiones sobre la muerte del líder comunitario.
El jueves, el principal experto de la ONU sobre Birmania, Thomas Andrews, aseguró ante el Consejo de Derechos Humanos, que "crece la evidencia" de que el ejército y sus oficiales de alto rango en Birmania "cometen probablemente crímenes contra la humanidad, incluidos asesinatos, desapariciones forzadas, persecución, tortura y encarcelamientos en violación de (...) la ley internacional".
La junta también ha aumentado su represión contra la prensa y el viernes fueron inculpados cinco periodistas, incluyendo un fotógrafo de la agencia Associated Press, que habían sido detenidos el mes pasado mientras cubrían una manifestación en Rangún.
Acusados de "causar temor, propagar noticias falsas o cuestionar directa o indirectamente a un empleado del gobierno", podrían ser condenados a entre dos y tres años de cárcel, según la nueva ley aprobada por la junta.