Un manto de silencio recubre la represión china en las aldeas uigures de Xinjiang
Casas cerradas a cal y canto o abandonadas, y vecinos que echan a los periodistas. Un pueblo uigur de la región china de Xinjiang muestra las cicatrices de la represión de Pekín contra el principal grupo étnico musulmán de esta zona.
Las autoridades imponen desde más de una década en Xinjiang (noroeste de China) medidas draconianas para luchar contra el terrorismo, tras una serie de atentados sangrientos atribuidos a los uigures.
Estas medidas se intensificaron a partir de 2017 en esta extensa región fronteriza de Asia central.
Informes occidentales, basado en interpretaciones de documentos oficiales chinos, testigos de presuntas víctimas y extrapolaciones estadísticas, apuntan a la represión de las autoridades contra los uigures, una de las minorías autóctonas de Xinjiang.
Estos análisis acusan a Pekín de haber internado de forma arbitraria al menos a un millón de personas en estos "campos" de reeducación política.
Estados Unidos tilda este programa de "genocidio" y la ONU considera que pueden darse crímenes contra la humanidad.
Las autoridades, que en un principio negaban la existencia de estas instalaciones, acabaron por admitir que se trataba de "centros de formación profesional", para alejar a las personas de la radicalización.
Después del cierre de esos establecimientos en 2019, todos están "graduados" y en teoría son libres, según Pekín.
Pero en la región uigur, muchas personas siguen desaparecidas.
Gallinas y paja fresca
La AFP visitó en julio cuatro aldeas de mayoría uigur en Xinjiang para intentar ver qué había sucedido.
China nunca reveló públicamente la identidad de la mayor parte de detenidos.
Según datos oficiales difundidos por el académico alemán Adrian Zenz, objeto de sanciones por parte de Pekín, las tasas de detención de la población local son especialmente elevadas: hasta la mitad de los habitantes adultos pudieron ser encarcelados en los peores momentos del programa.
En uno de estos documentos, una de las personas identificadas es Abduqahar Ebeydulla, de unos 40 años, imán y padre de cuatro hijos.
Desapareció durante varios años tras ser detenido en 2016, y sus familiares aseguran a la AFP que supieron hace muy poco que había sido condenado y encarcelado.
Su caso fue difundido por Amnistía Internacional y varios uigures que residen fuera de China.
Su pueblo, Bostan, está situado cerca de la ciudad de Yarkant, en los límites del desierto de Taklamakán.
En la visita del equipo de la AFP, altas puertas metálicas impidieron cualquier acceso a la granja familiar.
Adentro no se percibía rastro de actividad humana. Pero sí se oía el cacareo de las gallinas y se veían montones de paja fresca.
La AFP no llamó a la puerta ni se acercó a los vecinos para entrevistarlos, a fin de protegerlos de posibles represalias.
Pronto un grupo de uigures, algunos blandiendo herramientas agrícolas, urgieron a los reporteros a partir.
"Delitos religiosos"
También les impidieron visitar las oficinas gubernamentales del municipio para pedir más información sobre el caso de Abduqahar.
Según parientes que viven ahora en el extranjero, Abduqahar recibió la orden a finales de 2016 de regresar a su Yarkant natal para lo que parecía un interrogatorio rutinario.
Desde entonces, sus familiares en el extranjero perdieron el contacto con él, a medida que se intensificaba la represión en Xinjiang.
Estos allegados que hablaron con la AFP aseguran que supieron mucho más tarde que Abduqahar había sido condenado a 15 años de cárcel por delitos de tipo "religioso", sin tener ninguna explicación oficial de las autoridades.
La AFP no pudo verificar de forma independiente estas afirmaciones.
Las autoridades locales en Xinjiang no respondieron. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que no tenía ninguna información para informar sobre "casos individuales".
Abduqahar "nunca hizo nada malo, por supuesto nada ilegal", aseguraron a la AFP sus familiares, bajo anonimato.
Es una persona "de trato fácil y respetuoso con los otros, nunca ha hecho daño a nadie", agregaron.
Según ellos, hubo tantos hombres detenidos en Bostan que tras el fallecimiento de la madre de Abduqahar, la mujer tuvo que ser enterrada en su jardín porque no había brazos suficientes para llevar el féretro al cementerio.
Después de la desaparición de Abduqahar, su mujer también fue detenida y los cuatro hijos pasaron bajo custodia estatal, según el testimonio de sus familiares.
Posteriormente liberada, la mujer se ha reunido con sus hijos y recientemente recibió permiso para visitar a su marido en una cárcel a mil kilómetros de distancia.
"No estar al corriente"
La AFP visitó otras tres aldeas en los alrededores de Yarkant, donde se han registrado elevados niveles de detenciones entre la población local, según Adrian Zenz.
En todas encontró muchas casas cerradas con candado y algunas parecían descuidadas o abandonadas.
En la dirección donde presuntamente viven tres generaciones de una familia, en la que tres de sus siete miembros fueron detenidos según esos datos, la destartalada casa permanece en silencio.
Los reporteros de la AFP fueron seguidos por hasta cinco coches sin matrículas y obstruidos, aunque no lastimados, por una docena de hombres uigures, algunos con palas y azadas.
Estos hombres ordenaban a los aldeanos regresar a sus casas y, en ocasiones, los encerraban dentro, para evitar el contacto con los periodistas.
En el pueblo de Aral Mehelle, la AFP identificó al jefe del comité local entre las personas que trataban de obstaculizar el trabajo de los reporteros.
Cuando los periodistas se acercaron, el hombre se fue con una motocicleta. Y luego, contactado por teléfono, colgó.
China ha repetido sistemáticamente que invita a los periodistas extranjeros a informar sobre Xinjiang. Preguntada por estas interferencias sufridas por el equipo de reporteros, la cancillería dijo en un comunicado que "no estaba al corriente".
El desarrollo de Xinjiang es el principal argumento que presenta Pekín para hablar de su política en la región, aislada durante mucho tiempo y al margen de las transformaciones del resto del país.
La mayoría de los detenidos "consiguieron empleo estable y mejoraron su calidad de vida", según la diplomacia china.
Pero periodistas de la AFP vieron en Xinjiang centros identificados por los investigadores como campos de detención y parecían seguir operativos.
Varios de ellos tenían miradores, cámaras de seguridad y muros protegidos con alambradas.
Investigadores en el extranjero consideran que las autoridades han hecho evolucionar su represión, sobre todo con duras penas o través del trabajo forzado.
Para James Millward, historiador especializado en la región de Xinjiang en la Universidad estadounidense de Georgetown, la política de Pekín busca "hacer un Xinjiang chino".