Expresidenta surcoreana Park no encuentra abogados que la defiendan
La expresidenta surcoreana Park Geun-hye tiene problemas para contratar a un nuevo equipo legal que la defienda en el juicio por corrupción que arranca el próximo martes y en el que se enfrenta a una pena de hasta cadena perpetua.
El problema viene dado por el hecho de que Park despidió a la mayoría de los abogados que no lograron evitar que el pasado 10 de marzo el Tribunal Constitucional la destituyera del cargo (lo que le hizo perder su inmunidad presidencial), informó hoy el diario Chosun.
Park, que desde el pasado 31 de marzo se encuentra en prisión preventiva por el conocido caso de "La Rasputina", está en negociaciones con un exjuez que ahora trabaja para una gran firma legal, aunque aún no han podido alcanzar un acuerdo, detalló una fuente cercana a la exmandataria al diario surcoreano.
Además del problema de negociar las costosas minutas, está el factor de tremenda impopularidad que rodea a Park en el país y la propia complejidad del caso.
La expresidenta afronta 18 cargos en total y se declara inocente de todos ellos, lo que hace que su defensa resulte extremadamente enmarañada.
Otro factor de peso es la posibilidad de que Park decida apelar la sentencia, lo que alargaría el caso y obligaría a los abogados a estar ligados durante un largo periodo a un cliente cuya solvencia financiera está en duda, pues la expresidenta tuvo que vender recientemente su casa en el exclusivo distrito de Gangnam, en Seúl.
Entre los principales cargos de los que se acusa a Park destacan abuso de poder, coacción o soborno, un delito que Corea del Sur castiga con un mínimo de 10 años de cárcel y hasta con cadena perpetua.
En el escrito de acusación, la fiscalía considera probado que Park creó una red con su amiga Choi Soon-sil, conocida como la "Rasputina" por su influencia sobre la expresidenta, a través de la cual, entre otras cosas, solicitó y obtuvo sobornos de al menos tres empresas por valor de unos 50 millones de dólares.
El caso "Rasputina" ha sacudido los cimientos políticos y económicos de Corea del Sur, puesto que entre los implicados detenidos se encuentran presidentes de grandes empresas, entre ellas Samsung, cuyo líder, Lee Jae-yong, está en prisión preventiva desde febrero.
El caso ha supuesto la primera vez que Corea del Sur destituye a un presidente elegido democráticamente y también el primer adelanto de elecciones presidenciales desde que el país volvió a celebrar comicios democráticos en diciembre de 1987.