La Asamblea china se reúne entre problemas económicos

El pleno anual de la Asamblea Nacional Popular, órgano legislativo chino, comienza mañana sábado entre crecientes problemas económicos y el inminente anuncio de una dolorosa reestructuración industrial, que vienen acompañados de nuevos llamamientos a la ortodoxia política.

El pleno, al que asistirán unos 3.000 delegados, debatirá y votará hasta el próximo día 16 varios proyectos de ley y escuchará a los principales miembros del Gobierno, en lo que en China se considera el mayor evento político del país, aunque desde fuera se percibe como una simple aprobación automática de medidas decididas antes por el Partido Comunista.

Este año, la principal medida que aprobará la ANP será el decimotercer plan quinquenal (2016-2020), según avanzó hoy en rueda de prensa la portavoz del Legislativo chino, Fu Ying.

Entre otros objetivos, el plan busca modernizar el anticuado entramado industrial del país, especialmente en el sobredimensionado sector público, lo que va a suponer un fuerte recorte de su capacidad.

Pero la reunión de desarrollará asimismo en medio de una serie de medidas de endurecimiento ideológico por parte del Gobierno, tanto a nivel de represión interna como de aumento de la coacción, la censura y el control sobre los medios de comunicación oficiales.

En el último año se produjeron una serie acciones policiales y judiciales contra abogados de derechos humanos, disidentes, periodistas y hasta feministas.

Al mismo tiempo la sesión de la ANP podría servir para que el presidente Xi Jinping, uno de los más autoritarios de las últimas décadas en China, aumente el poder en torno a su figura.

De hecho, en las últimas semanas ha surgido una iniciativa para declarar a Xi, también secretario general del Partido Comunista, como "núcleo del partido", lo que lo equipararía con antecesores históricos como Mao Zedong o Deng Xiaoping.

Quizá como parte de estos planes, el propio Xi realizó a finales de febrero una gira por los principales medios de comunicación estatales y del partido, a los que exigió "lealtad absoluta".

El proceso es recibido entre el silencio de los observadores chinos, por el tabú que supone opinar sobre el presidente, y los recelos de los analistas internacionales.

Para Kerry Brown, director del Instituto de China en King's College (Londres) "en este momento hay un sentimiento de crisis y ansiedad en el Partido", ya que "hay muchas cosas" que "ni siquiera el PCCh puede controlar".

Brown, en declaraciones a Efe, consideró que Xi "está siendo duro con la disensión interna" al urgir "a todos los estamentos de la sociedad a ser leales y estar unidos", a la vez que intenta calmar a la creciente clase media china ante el período de austeridad que se avecina.

En la misma línea insiste Chang Wu-yueh, director del Instituto de Estudios Chinos de la Universidad Tankang (Taiwán), para quien Xi está adoptando "medidas más duras" porque "tiene miedo de no tener un control total de la situación".

Por ello, Xi busca "consolidar el poder del Partido Comunista en China y su control (personal) sobre el partido", recalcó a Efe.

Brown cita la delicada situación de la economía, con el crecimiento en su nivel más bajo en 25 años y la reconversión industrial: "La posibilidad de que una crisis haga que el descontento económico se traslade a otras áreas es muy real", por lo que las últimas medidas "duras" de aumento del control interno muestran "lo seriamente que se lo está tomando".

En este sentido, se prevé que durante esta Asamblea el Gobierno presente las líneas generales de un amplio proceso de reestructuración, que abarcará a varios sectores de la industria pesada y la minería, así como varias medidas para paliar los altos costes sociales.

La reestructuración será sobre todo fuerte en el complejo entramado de empresas de propiedad pública.

Las previsiones oficiales es que solo en la industria siderúrgica y la minería del carbón se perderán 1,8 millones de empleos, cifra que será mucho mayor una vez que se computen otros sectores.

El inicio o anuncio de los cierres, que también se produce en el sector privado, está causando un fuerte aumento de la conflictividad laboral y las protestas de trabajadores, según varias ONG de derechos laborales que operan en el extranjero.