Amnistía Internacional pide a los Estados tomar acciones para garantizar los derechos de migrantes y refugiados venezolanos

Como parte de sus esfuerzos para amplificar las voces que exigen la protección de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de los migrantes y refugiados venezolanos; el 23 de agosto, Amnistía Internacional organizó el evento “Derechos y realidades de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes venezolanas en Colombia”, con el objetivo de explorar y abordar los desafíos que enfrenta esta población. 

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La jornada se dividió en dos paneles; el primero abordó los derechos laborales y seguridad social, y contó con la participación de Catalina Arenas de Equilibrium SDC, Ana María Moreno del Banco Mundial, César Sandino del Programa Mundial de Alimentos e Iván Gaitán, consultor senior en asuntos migratorios.

Los panelistas destacaron la falta de documentación y la discriminación como barreras principales que limitan el acceso a empleos formales para los migrantes, forzándolos a aceptar trabajos informales y precarios. Además, se discutieron las barreras significativas para acceder a servicios médicos esenciales, lo que agrava la vulnerabilidad de esta población.

El segundo panel abordó el acceso a una vivienda digna y servicios básicos, con la participación de Laura Jiménez de El Barómetro, César González de Plan País, Iván Mejía de la Secretaría de Hábitat de Bogotá y Juan Navarrete, abogado de Amnistía Internacional.

El panel subrayó cómo la falta de recursos económicos limita severamente el acceso a una vivienda adecuada, obligando a muchos migrantes a vivir en condiciones de hacinamiento o en alojamientos temporales, lo que exacerba las dificultades que deben enfrentar.

Las mesas de trabajo generaron propuestas concretas para mejorar las condiciones de vida de los migrantes venezolanos; tales como la implementación de programas para la formalización del empleo que aseguren condiciones laborales justas; la creación de mecanismos para facilitar el acceso a servicios médicos esenciales y la integración de los migrantes en los sistemas de seguridad social existentes, así como el desarrollo de políticas para proporcionar viviendas asequibles y mejorar las condiciones habitacionales, evitando el hacinamiento.

Nastassja Rojas, Directora Adjunta de Amnistía Internacional Venezuela, destacó que la crisis en Venezuela ha generado un aumento acelerado y significativo de la migración, convirtiendo a los países vecinos en los principales receptores de estos flujos migratorios: “Ante la crisis de Derechos Humanos en Venezuela, es crucial que los países de la región adopten acciones solidarias y responsables para garantizar una acogida con enfoque de Derechos Humanos”, afirmó Rojas.

Erika Guevara Rosas, Directora Senior de Amnistía Internacional, subrayó la preocupación global por las condiciones de las personas que huyen de sus países en busca de seguridad: “La crisis de personas en movimiento es un reflejo de múltiples crisis de Derechos Humanos, desde conflictos armados hasta desastres naturales y violaciones sistemáticas de derechos”, comentó Guevara.

Añadió que la situación actual, con cifras que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados estima en aproximadamente 120 millones de personas desplazadas a nivel mundial para 2024, presenta desafíos significativos tanto para los países de tránsito como para los de acogida.

Mercedes Ortiz, lideresa de una comunidad de acogida, resaltó la labor de Amnistía Internacional en estos espacios en Colombia, uno de los países de mayor acogida de migrantes y refugiados venezolanos en la región, haciendo valer su voz y los derechos de la población afectada para garantizar una vida digna sin importar el estatus migratorio: “Realmente no se nos cumplen algunos derechos, así tengamos el PPT en Colombia. Por el simple hecho de ser seres humanos debemos tener garantías por parte de los Estados receptores, protección internacional”, puntualizó. 

Amnistía Internacional continuará promoviendo políticas públicas y la inclusión efectiva, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de una población que enfrenta crecientes desafíos en su búsqueda de seguridad y dignidad.