Alto magistrado ecuatoriano ingresa a la Corte de Derechos Humanos

La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos seleccionó al presidente de la primera corte constitucional de Ecuador como uno de los cuatro miembros nuevos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

De los 23 estados miembros de la OEA que reconocen la autoridad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 22 dieron el voto a Patricio Pazmiño pese a las advertencias de algunos voceros de la sociedad civil sobre el posible conflicto de interés que podría representar su puesto actual en la justicia ecuatoriana.

Un panel de cinco expertos convocados por Open Society Foundations, una organización no gubernamental presidida por el magnate George Soros, había advertido previamente que no pudo encontrar precedente de que un miembro actual del máximo tribunal de un Estado que simultáneamente ejerza como juez de la CorteIDH.

"Crea preocupaciones por una carga de trabajo que podría impedirle ejercer sus funciones, y un conflicto de interés potencial", escribieron los expertos en un informe.

Pazmiño refutó los cuestionamientos, al asegurar que cesará sus funciones en la corte constitucional de Ecuador en noviembre, cuando el tribunal realizará un sorteo de tres magistrados para renovarse.

"Entiendo que asumo una responsabilidad que requiere toda mi dedicación, y me dedicaré a la Corte, que es para lo que me eligieron los 22 estados", dijo a reporteros en la sede de la OEA minutos después de resultar electo.

Pazmiño aseguró que sí hay precedentes de que magistrados laboren en tribunales de su país mientras se desempeñan en la CIDH, y citó como ejemplo a su connacional Hernán Salgado, quien ocupara ambos despachos entre 1999 y 2003.

Los expertos también advirtieron que, tras evaluar información pública, les resultaba difícil determinar si Pazmiño podrá "mantener la independencia necesaria del poder ejecutivo de Ecuador", pero el juez respondió que es "imposible jurídicamente", ya que los integrantes de la CorteIDH están obligados a inhabilitarse ante casos provenientes de su país de origen.

Al ser consultado antes de la votación sobre la idoneidad de los 11 candidatos postulados para ocho vacantes, el secretario general de la OEA Luis Almagro evitó pronunciarse, alegando que son los países a quienes corresponde elegirlos.

Los otros integrantes de la Corte Interamericana, con sede en Costa Rica, son el chileno Eduardo Vío, la costarricense Elizabeth Odio y el argentino Eugenio Zaffaroni.

Entretanto, el colombiano Enrique Gil, el peruano Francisco Eguiguren, la panameña Esmeralda Arosemena y la jamaiquina Margarette Macaulay fueron seleccionados para integrar a partir del 1 de enero próximo y por cuatro años la CIDH, conformada por siete comisionados que no representan a sus países.

Ambas elecciones estuvieron precedidas por fuertes críticas de algunos voceros de la sociedad civil por lo que consideraron "opacidad y falta de participación ciudadana" en el proceso de elección de los candidatos que presentan los países a integrar ambos paneles.

Almagro, quien asumió el cargo el mes pasado, dijo el martes que hará un esfuerzo para que en el futuro los candidatos comparezcan previamente ante instancias de la OEA y la sociedad civil.

Entre las reformas a la OEA que Almagro esbozó el martes, se incluye la creación de una secretaría dedicada a los derechos humanos, la cual aseguró que no generaría conflicto con la Comisión ni con la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Almagro sugirió además que buscará consolidar cuatro secretarías dedicadas a asuntos organizacionales.

La primera Asamblea General desde que Almagro asumió la secretaría general en mayo culminará el martes con la elección de cuatro nuevos miembros de la CIDH y otros cuatro de la CIDH.

Los países de continente aprobaron la víspera una resolución que da luz verde a Almagro a ejecutar reformas para modernizar a la OEA, que enfrenta una precaria situación financiera, la proliferación de otros bloques que reclaman influencia propia en la región y una creciente polarización entre sus países miembros que le ha dificultado fijar posición en temas sensibles.

"La idea de la reforma es ser más eficiente en costos, gastar mejor en lo que es la sustancia de la OEA", dijo Almagro en conferencia de prensa. "Implica hacer menos cosas. Tal vez cortaremos ramas secas, pero debe hacerse con excelencia".

Almagro indicó que depurará los cientos de mandatos que ha acumulado la organización desde su creación en 1948 para concentrarse en cuatro pilares temáticos: democracia, derechos humanos, desarrollo y seguridad.

La OEA opera hace varios años con un presupuesto anual que ronda los 84 millones de dólares, de los cuales Estados Unidos aporta cerca de 60%.

Ante una pregunta de si la Asamblea General abordó de alguna manera la crisis política venezolana, Almagro rehusó dar detalle alguno y se limitó a decir que "hemos venido trabajando. Los acercamientos que hemos tenido en este tiempo han sido significativos, y obviamente los mensajes que hemos pasado también".

Ninguna de las delegaciones abordó durante sus intervenciones la situación política en Venezuela, cuyo gobierno aún no define fecha para elecciones legislativas previstas para este año.

Almagro publicó la semana pasada en su cuenta de Twitter que la OEA está "dispuesta a unirse a observación electoral en Venezuela si gobierno @NicolasMaduro acepta nuestra participación".

Las autoridades venezolanas no han autorizado de manera reciente a la OEA enviar observadores electorales, requisito indispensable según los reglamentos del organismo.

La Asamblea General aprobó además una declaración en la que, tal como ha hecho durante los últimos 30 años, llama al Reino Unido y Argentina a reanudar las negociaciones sobre la soberanía de las Islas Malvinas, que la nación sudamericana reclama como parte de su territorio.