Así operaba el esquema de corrupción de Odebrecht, según Suiza

Varios medios latinoamericanos se hacen eco hoy de las declaraciones emitidas por el Ministerio Público de Suiza en las que se registra el sofisticado esquema de corrupción desarrollado por la empresa Odebrecht para mover millones de dólares a las cuentas de políticos y empresarios a través de bancos y empresas offshore con el propósito de conseguir jugosos contratos.

Según estas informaciones, el sistema creado por la constructora para pagar sobornos por contratos involucraba una amplia red de cuentas y recibos falsos, dispersos por más de 10 países, entre ellos Estados Unidos, Holanda, Antigua, Belice, Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Chipre, Austria e Irlanda.

Se crearon cuatro etapas de pagos para camuflar el origen de los recursos y quien los recibiría. A criterio de los investigadores suizos, la constructora creó una estructura “altamente profesional” para cometer crímenes.

Según la investigación, en un primer momento, el dinero que sería utilizado para el soborno era retirado de las cuentas de la empresa. Para eso, se hacían contratos ficticios de servicios. Estos falsos contratos eran incluso presentados a los bancos para permitir que las transacciones fueran consideradas como legítimas.

Luego, ese dinero desviado de las cuentas oficiales era depositado en cuentas suizas. Las empresas offshore fueron creadas en diversos países y controladas por Odebrecht presuntamente para hacer movimiento de las cuentas y “concluir con los falsos contratos de servicios”.

“Las cuentas de esas empresas fueron abiertas con el objetivo ilegal de mantener recursos fuera de la contabilidad ordinaria y oscurecer flujo de pagos”, indica el Ministerio Publico suizo, señalando cómo el Departamento de Operaciones Estructuradas mantenía control sobre estos movimientos ocultos.

Del nivel 2 al nivel 3 de la estructura montada para el pago de coimas, el dinero era disponible a pedido de un miembro del consejo de administración de Odebrecht. Los pagos se podían hacer directamente a beneficiarios de sobornos que tuvieran cuentas en Suiza.

En este tercer nivel del esquema, las cuentas y empresas de fachada eran operadas en Antigua, Andorra y Panamá.

Fernando Miggliaccio, funcionario de Odebrecht preso en Suiza, confirmó tal esquema en su delación obtenida por la Justicia de ese país.

En la etapa final, los beneficiarios de las coimas recibían recursos directamente de cuentas del exterior a través de operadores en moneda extranjera. El sistema hacía casi imposible seguir el dinero e identificar a sus beneficiarios.

Según la evaluación del Ministerio Público suizo, el departamento creado para organizar el pago de sobornos de Odebrecht orientó pagos y administró la operación.

El departamento comenzó a funcionar en el 2008. Siete personas trabajaban permanentemente en este esquema. Sus funciones involucraban crear contratos ficticios necesarios para justificar los pagos, hacer notas fiscales, controlar transacciones y monitorear las cuentas en el exterior. En el caso de los operadores en moneda extranjera, los códigos para efectuar los pagos se cambiaban de manera semanal.

“Las empresas acusadas montaron un sistema sofisticado y con un sistema de comunicación aislado para esconder fondos ilegales, lo que indica un alto grado de profesionalismo”, escribió el Ministerio Publico suizo.

Según la justicia brasileña, no solo la empresa no evitó los crímenes, sino que “sistemáticamente operó” el esquema de coimas. “Soborno y lavado de dinero necesario para esconderlo era parte evidente de la estrategia de la empresa para las actividades empresariales”, afirmaron los procuradores brasileños.

Además de Brasil, los suizos citan que en Panamá, los ex miembros del gobierno de ese país recibieron unos 32.8 millones de francos suizos (US$ 31 millones) por parte de la constructora entre diciembre del 2009 y agosto del 2012, y que existirían indicios de crímenes en otros locales. “Estos descubrimientos indican que los pagos fueron influidos por los procesos de licitación de obras”, detalló el Ministerio Publico.

Con información de O Estado de Sao Paulo, Gestión y Diario Correo.