El subsidio más esperado

“Antes me cobraban dos dólares por llevarme a la Universidad y desde el lunes subió a siete dólares. No puedo pagar eso”, se lamentaba una estudiante y usuaria de una plataforma de transporte digital.

“Cada mes debo destinar $120 dólares más para pagar la gasolina. He dejado de comer algunas cosas y de gastar en otras cosas. La situación está difícil en casa”, decía otro consumidor.

Y es que el apoyo estatal para enfrentar la crisis de la gasolina, hasta ahora, no es para todos. A diferencia de otros países, los impuestos no se han tocado. Tampoco, existe algún plan de austeridad del Gobierno, reducción de viáticos, gastos de representación o algún tipo de reasignación de fondos. No se han detenido los gastos por abultamiento de la planilla estatal.

Día a día se suma el descontento. Conductores de buses de turismo, motorizados dedicados al Delivery, profesores y conductores en general están afectados por estos continuos aumentos de los derivados del petróleo.

Además de los bonos solidarios para los más necesitados, el Gobierno destinó $100 millones en subsidio a los transportistas (buses y taxis). Se comprende tomar esa medida para no subir las tarifas a los pasajeros.

Ese beneficio se dio gracias a un acuerdo con la Cámara Nacional del Transporte y el Consejo de Transportistas del Interior e implica que los buseros y taxistas pagarán a partir del tres de junio por el combustible solo $3.95 por galón. Este congelamiento de precios se mantendrá por un periodo de tres meses.

Lo malo es que solo algunos recibirán ese beneficio. El resto de los mortales pagamos arriba de cinco dólares por galón. Debido a la guerra, la crisis de los combustibles está lejos de superarse y esos planes de apoyo dejan esperando una solución a una gran cantidad de personas que no reciben ningún tipo de compensación.

Algunas iniciativas no han prosperado como quitar los impuestos de las gasolinas y el diésel, lo cual equivale a $0.60 centésimos por galón de gasolina y $0.25 por diésel.

En ese sentido se adelantó un proyecto en la Asamblea Nacional pero ya en la fase final, en el tercer debate, se transformó en un Fideicomiso que supuestamente vendría a compensar, en general, a todos los conductores.

Lo cierto es que ese Fideicomiso o fondo no ha prosperado, y según el secretario de Energía, Jorge Rivera, se trata de “un sacrificio fiscal, muy difícil de mantener”.

Para tener una idea de cómo afecta a los sectores medios y bajos la factura petrolera hay que revisar el indicador oficial para conocer su magnitud, que es el llamado Índice de Precios al Consumidor, que señala que el combustible ha subido 45% en comparación al año anterior.

Los asalariados y los dueños de pequeñas empresas son los que están sufriendo la situación, sin recibir ninguna ayuda estatal.

“La clase media es el sector que más impuestos paga, es la que no recibe subsidios, ni exoneraciones, ni incentivos. Sufre la inflación y el alza de combustibles y de la electricidad”, opinó recientemente el economista David Saied.

Y es que el vehículo es una herramienta diaria de trabajo, esencial para transportar a la familia al trabajo y la escuela. Resulta difícil reducir su uso para gastar menos combustible.

La mayoría de los conductores se ha resignado y parece aceptar la escalada de precios. Algunos grupos, en cambio, han elevado sus voces para protestar. La consigna está presente en los voceros de organizaciones de la provincia de Colón que claman por una congelación de precios. Los conductores de vehículos turísticos y los profesores han pedido un congelamiento general.

Algunos se organizaron, como los pescadores artesanales, y lograron recibir apoyo mediante el decreto que congela en $3.95 la gasolina y el diésel a los transportistas.

Protestaron, también, los camioneros del sector comercial y de la maquinaria agrícola. Lograron bonos de combustible para compensar el alza.

Está pendiente atender parcial o totalmente el aumento a los consumidores en general, los verdaderos olvidados del subsidio, que están asfixiados por los aumentos. Esperemos que se encuentre algún paliativo y se frenen los aumentos en los próximos cambios de precios.

El peligro es que se cierren empresas porque los costos son insostenibles, la inflación se dispare y los problemas de pobreza se agudicen. Es claro que hay que hacer algo.