Proyecto de Ley contempla cárcel para evasores fiscales
Los particulares y empresas que no paguen impuestos podrían ser condenados a 4 años de prisión.
El Gobierno, en conjunto con la empresa privada y gremios tributarios, discutió y consensuaron el proyecto de ley que establece el delito contra el Tesoro Nacional y sanciona con cárcel la evasión fiscal.
El proyecto de ley propone que la defraudación tributaria sea sancionada con una condena de dos a cuatro años de prisión.
El presidente del Colegio Panameño de Tributaristas, Bartolomé Mafla Herrera, quien participó de la discusión, manifestó que se había propuesto una pena de 3 a 10 años, pero fue rebajada para no afectar la inversión extranjera.
“El que defraude más de 300 mil pasa al ámbito penal y va a tener una sanción de 2 a 4 años de prisión y una multa de una a tres veces la suma dejada de pagar”, explicó Mafla Herrera.
La Dirección General de Ingresos seguiría aplicando multas cuando la deuda en impuestos no supere los 300 mil dólares.
“Todos aquellos que tengan una defraudación fiscal de 300 mil o menos siguen en el ámbito administrativo, que es dentro de la Dirección General de Ingresos”, añadió.
También se establece que el delito de defraudación fiscal debe ser incluido en el Código Penal, para ser tomado como delito precedente del blanqueo de capitales.
“Si te logran probar la defraudación fiscal es un delito precedente al blanqueo de capitales porque se entiende que persigues lavar dinero para usar fondos que no son legales”, detalló Martha Luna, del Instituto de Tributaristas.
Luna, señaló que la propuesta establece que si el contribuyente cancela la deuda antes de que concluya la investigación es exonerado de responsabilidad penal.
“Debe el gobierno que vaya a tipificar o perseguir a un contribuyente por defraudación fiscal debe estar claro que tiene que poder probar la intención de defraudar al fisco”, acotó Luna.
La propuesta fue consensuada por gremios tributarios, contadores, la empresa privada y abogados, en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cumpliendo con exigencias del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para que Panamá no sea incluida en listas negras de países que no colaboran con el blanqueo de capitales.
El proyecto de ley debe ser llevado a la Asamblea Nacional para su aprobación.
