Italia cede ante la UE sobre los pagos en dinero efectivo

Italia/El gobierno derechista de Italia renunció a otorgar a los comerciantes el derecho a rechazar los pagos con tarjeta por debajo de los 60 euros, una medida eliminada del proyecto de presupuesto para 2023 por presión de la Comisión Europea.

"Debemos encontrar soluciones que sean compatibles con las recomendaciones y los reglamentos de referencia, entre ellos los de la Unión Europea", declaró el domingo por la noche el ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, ante una comisión parlamentaria.

La Comisión Europea aprobó el miércoles ampliamente el proyecto de presupuesto de Italia, pero rechazó varias medidas consideradas incompatibles con las recomendaciones hechas a Roma. 

El proyecto de otorgar a los comerciantes el derecho a negar a sus clientes el pago con tarjeta bancaria para los importes inferiores a 60 euros (63 dólares), sin incurrir por ello en sanciones, fue considerado contrario a los imperativos de la lucha contra la evasión fiscal.

El gobierno liderado por Giorgia Meloni mantuvo en cambio el aumento del techo para los pagos en efectivo, que pasa de 2.000 a 5.000 euros, también criticado por la Comisión Europea. 

Al igual que las autoridades europeas, el Banco de Italia había criticado esas medidas al estimar que promueven la evasión fiscal, un fenómeno que le cuesta a Italia alrededor de 100.000 millones de euros por año (106.000 millones de dólares). 

Otra de las medidas denunciadas por Bruselas, una amnistía fiscal para cancelar deudas de hasta de 1.000 euros vinculadas al periodo 2000-2015 ha sido aplazada tres meses, hasta finales de marzo, según la última versión del proyecto de presupuesto que se presentará el martes ante el Parlamento.

Entre las modificaciones hechas figura la eliminación de la renta de ciudadanía, una ayuda a los más pobres que el gobierno de Meloni ha decidido transformar para liberar recursos presupuestarios. 

Los beneficiarios que sean considerados aptos para trabajar recibirán el ingreso en 2023 durante siete meses, en comparación con los ocho meses previstos anteriormente, y el sistema será revisado por completo en 2024.