Incautan bienes a contratista por 'desfalco' a petrolera estatal venezolana
Las autoridades venezolanas detuvieron a un contratista y le confiscaron cientos de bienes por supuestamente estar involucrado en un millonario desfalco a la petrolera estatal, informó este viernes el fiscal general, Tarek William Saab.
"Un duro golpe le hemos dado a las mafias petroleras con una investigación y auditoría interna de PDVSA (Petróleos de Venezuela) y una pesquisa del Ministerio Público. Están auditadas 17 empresas, comprometidas con este desfalco", afirmó Saab en rueda de prensa.
Entre los bienes incautados al venezolano Carlos Urbano figuran 653 vehículos, firmas constructoras, maquinaria, un diario, compañías de transporte, agropecuarias, centros médicos, fincas y "mansiones", que serán administrados por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada.
El fiscal precisó que Urbano es uno de los propietarios y gerente general de la constructora Cuferca.
La Fiscalía dictó además orden de captura contra los otros dos dueños de la empresa, Carlos Enrique y Carlos Eduardo Urbano, quienes "se encuentran prófugos en Estados Unidos".
Saab reiteró que esta corporación y otras 16, con contratos en la Faja Petrolífera del Orinoco, están involucradas en "uno de los desfalcos más escandalosos de los últimos 30 ó 50 años".
"Con 10 contratos hemos detectado más de 230% de sobreprecio, para un daño patrimonial por 200 millones de dólares. Se otorgaron a dedo aproximadamente 41,000 contratos cuyo monto oscila en más de 35,000 millones de dólares", recordó.
Venezuela alberga las mayores reservas de crudo del mundo, y 90% de esa riqueza se concentra en la Faja del Orinoco, un territorio de unos 55.000 km2.
"Tenemos que ir hasta el final para que, aparte de la incautación de bienes y la aprehensión de los responsables, venga la repatriación del dinero presuntamente saqueado a la nación", indicó Saab.
Urbano enfrenta cargos por peculado doloso, asociación para delinquir, legitimación de capitales y concierto con funcionario contratista, que prevén penas de cuatro a 12 años de prisión.