Licencias de cannabis medicinal: Una solución al alcance del Gobierno

Ciudad de Panamá, Panamá/Desde la aprobación de la Ley 242 en 2021, que regula el uso del cannabis medicinal en Panamá, miles de pacientes con enfermedades crónicas han esperado su implementación efectiva. Esta ley garantiza el derecho de los pacientes a acceder a tratamientos, pero los retrasos por falta de voluntad política en la administración pasada los han dejado en vulnerabilidad, obligándolos a recurrir a mercados no regulados, poniendo en riesgo su salud.

Este escenario no es irreversible. El gobierno actual, encabezado por el Presidente y el Ministro de Salud, tiene la oportunidad de corregir los errores del pasado y ofrecer una solución definitiva. La emisión de licencias para empresas que han invertido en infraestructura y capacitación garantizaría tratamientos seguros para los pacientes, tal como lo establece la ley.

Recientemente, el presidente reafirmó su compromiso de atraer inversión extranjera y garantizar la seguridad jurídica en su discurso ante las Naciones Unidas. Este mensaje debe ir de la mano con la implementación de políticas que beneficien a los ciudadanos, como la emisión de licencias para cannabis medicinal, lo que no solo fortalecería el sector salud, sino también el marco jurídico prometido.

Los pacientes han soportado las consecuencias de la inacción durante mucho tiempo. Gran parte de ellos luchan diariamente contra el dolor y la incertidumbre, esperando que el gobierno actúe para brindarles la solución que tanto anhelan. Es fundamental que las promesas de proteger a los más vulnerables se traduzcan en acciones concretas y efectivas.

La Ley 242 no solo regula la producción y distribución del cannabis medicinal, sino que también establece el derecho de los pacientes a estos tratamientos. Sin embargo, los retrasos en su implementación han generado una brecha entre la ley y la realidad que viven los pacientes. Las empresas han cumplido con las normativas, pero la falta de acción mantiene a los pacientes buscando productos en mercados no regulados, lo que es peligroso e innecesario.

Es esencial que las promesas de proteger a los más vulnerables se traduzcan en acciones concretas. Los pacientes crónicos que dependen del cannabis medicinal merecen ver sus derechos hechos realidad.

Expertos en salud destacan la urgencia de implementar un sistema regulado que ofrezca tratamientos seguros. Las empresas están listas para operar bajo estándares internacionales, pero sin las licencias, los pacientes seguirán expuestos a mercados no regulados.

 El gobierno tiene la oportunidad de demostrar su compromiso con los más vulnerables. Los recursos, las leyes y la infraestructura ya están listos; solo falta la voluntad política. Actuar ahora fortalecería tanto el acceso a tratamientos como la confianza en las instituciones.

Como ha dicho el presidente, “Panamá avanza hacia un futuro donde la inversión y los derechos de los ciudadanos están protegidos por un marco jurídico sólido y transparente”. Este es el momento de convertir esa visión en una realidad tangible. Los pacientes de Panamá merecen una solución, y el gobierno tiene la capacidad de proporcionársela.