El 74% de empresarios españoles, preocupados por el secesionismo catalán

El 74% de empresarios españoles, preocupados por el secesionismo catalán. / Cortesía.
Efe
23 2017 - 08:10

El 74% de los ejecutivos empresariales españoles cree que el secesionismo de la región autónoma de Cataluña (noreste) está dañando la economía nacional, según un sondeo realizado entre 265 compañías que emplean a más de 800 mil personas.

Un informe realizado por la consultora Deloitte para el diario español El País, publicado hoy, refleja que esa proporción es del 43% entre los empresarios de Cataluña.

La preocupación es alta, sobre todo, en el sector turístico: tres de cada cuatro hosteleros ven a sus empresas directamente dañadas por el auge del independentismo, según el diario.

Ante la pregunta de cómo estima que afecta esto a la economía española, un 74% de los directivos responde que negativamente; un 20%, que no perjudica; y un 1% cree que tiene consecuencias positivas.

Respecto a la misma cuestión, pero referida a la propia empresa de cada encuestado, el 59 % piensa que no influye; el 34%, que negativamente; y el 1%, que positivamente.

Por otro lado, el ministro español de Economía, Luis de Guindos, apuntó hoy que el impacto de una secesión de Cataluña de España supondría "un empobrecimiento de entre el 25% y el 30%" de esa región, y el nivel de desempleo "se duplicaría" en ella.

Entrevistado por el diario español ABC, De Guindos comentó que la independencia sería negativa para el conjunto de España, "pero mucho más para Cataluña", que se quedaría fuera del euro y de todos los acuerdos comerciales de la Unión Europea, y tendría que tener su propia moneda, que sufriría una "devaluación enorme".

El ministro se mostró seguro de que "no habrá referéndum" sobre la independencia de Cataluña y afirmó que "la secesión no sólo es ilegal, sino, además, totalmente irracional".

Las autoridades regionales de Cataluña, favorables a la independencia, anunciaron en junio pasado que convocarán un referéndum sobre esta cuestión para el 1 de octubre próximo, que el Gobierno y el Tribunal Constitucional españoles consideran ilegal porque no se ajusta a las leyes nacionales.

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