Presidente urge a la Asamblea Nacional aprobar contrato bananero con Del Monte
El presidente panameño, Juan Carlos Varela, urgió al parlamento a aprobar el millonario contrato con la multinacional estadounidense Del Monte para reactivar la industria bananera, después de que la Contraloría refrendase hoy el documento.
"Hoy damos un nuevo paso para la reactivación de las bananeras. Debemos trabajar todos en unidad, evitando politizar un tema que es un asunto de Estado. Esperamos el total respaldo de la Asamblea (Nacional) de Diputados", indicó el mandatario.
La Contraloría General dio este miércoles el visto bueno al contrato de 100 millones dólares firmado entre el Estado panameño y una subsidiaria de la multinacional estadounidense (Bañapiña de Panamá) para impulsar la producción de banano en las dos provincias más occidentales del país, Chiriquí y Bocas del Toro.
El contrato, que tiene una duración de 20 años prorrogables y ahora tiene que ser presentado por el Ejecutivo en la Asamblea para su entrada en vigor, generará 3.100 empleos directos y 12.000 indirectos.
El documento contempla una producción anual de 2.700 cajas de banano por hectárea y el alquiler de 5.700 hectáreas, 1.700 de las cuales perteneces a particulares y el resto es propiedad del Estado.
"Es un contrato técnico y extenso, sin embargo se logró un consenso que le garantiza los mejores intereses al Estado, le genera beneficios a la empresa bananera y le garantiza a la región de Barú su revitalización económica", aseguró en un comunicado el contralor, Federico Humbert, de acuerdo con la información oficial.
Hasta marzo de 2008, la estadounidense Chiquita Brands ostentaba el monopolio de la comercialización del banano en el distrito de Barú, pero decidió abandonar el negocio y transferírselo a los trabajadores de las fincas, que se agruparon en una cooperativa llamada Coosemupar, aunque no consiguieron relanzar el sector.
Del Monte lleva interesada en invertir en Barú desde 2009 y a mediados de abril de ese año llegó a un principio de acuerdo para administrar las plantaciones bananeras durante 25 años con el Gobierno del entonces presidente Martín Torrijos (2009-2014), pero el trato al final no se llegó a concretar.