Panamá debe asumir las reglas de la OCDE para competir en los servicios financieros

"No estamos diciendo que no se haga más, estamos diciendo que se haga de manera diferente para poder seguir atrayendo inversión extranjera (...). Nuestra competencia está cumpliendo y nosotros no", afirmó hoy la exministra de Comercio y miembro del grupo de especialistas, Gisela Álvarez de Porras.

Según Álvarez de Porras, países o jurisdicciones que "compiten" con Panamá en el negocio de las "offshore", como son Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán o Bahamas, "están cumpliendo con lo que pide la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)".

En Panamá, precisó la experta, la creación de sociedades "offshore" representa solo el 1 % del producto interior bruto (PIB), aunque la cifra podría ser menor ya que tras el escándalo de los papeles de Panamá el negocio "decayó" de manera considerable.

"Una sociedad anónima panameña la perciben como un tema opaco que estás tratando de ocultar. Nosotros pensamos que sí, que (el negocio) puede seguir cayendo, pero lo que recomendamos es volver a ser transparentes y que haya reglas claras", añadió Álvarez de Porras.

Los 11,5 millones de documentos del despacho panameño Mossack Fonseca filtrados y publicados por cientos de medios de comunicación el pasado abril revelaron que personalidades de todo el mundo contrataron los servicios de este bufete para crear sociedades "offshore" en distintos paraísos fiscales.

El escándalo desató todo un vendaval de críticas contra Panamá y su primera consecuencia fue la decisión de Francia de volver a incluir al país centroamericano en su lista de paraísos fiscales.

"Tenemos que actuar, tenemos que actuar ya y de manera contundente", indicó por su parte otro de los miembros del grupo, el exiministro de Economía y socio de la consultora Deloitte Domingo Latorraca.

El comité de expertos fue creado a mediados del pasado abril por el presidente panameño, Juan Carlos Varela, para revisar las prácticas de la plataforma financiera del país, uno de los principales pilares de la economía panameña, y elaborar un documento con recomendaciones para blindar el centro bancario de actividades ilícitas.

El grupo aconseja al Gobierno en el documento, que fue entregado el pasado viernes y hecho público hoy a primera hora de la mañana, crear los mecanismos necesarios para implementar las leyes anticorrupción recientemente aprobadas y tratar de reducir así "los altos niveles de opacidad con que se percibe" al país.

"La sola intención no es garantía de cumplimiento si no se cuenta con los recursos humanos, tecnológicos e institucionales para implementar lo que se recomienda y acepta", alertó el grupo de especialistas en el informe, que se puede consultar en la página web del Gobierno y de la Cancillería.

Si Panamá no adopta ya los estándares internacionales de transparencia, el país corre el riesgo de "perder competitividad y atractivo para los inversores".

"La OCDE pone sanciones fiscales a las empresas de sus países que operan en Panamá o con Panamá. Todos los bienes y servicios que esas empresas nos mandan desde el extranjero o que producen en Panamá pueden encarecerse o dejar de estar en la plaza local", advirtió Álvarez de Porras.

Los especialistas, sin embargo, consideran que no es el momento de debatir la clasificación de la evasión fiscal como un delito en Panamá.

El premio nobel de Economía Joseph Stiglitz fue elegido para presidir el comité, pero decidió abandonarlo el pasado agosto, junto al especialista suizo Mark Pieth, y acusó al Gobierno de ser poco transparente y de no querer publicar íntegramente los informes del comité.

Tras la salida de Stiglitz y Pieth, el comité siguió funcionando con un economista internacional, el costarricense y doctor en Economía de la Universidad de Harvard (EE.UU.) Roberto Artavia, y con cuatro especialistas panameños: Latorraca, Álvarez de Porras, el exadministrador del canal de Panamá Alberto Alemán Zubieta y el expresidente Nicolás Ardito Barletta.