Incertidumbre por fallo que involucra a millonario proyecto minero en Panamá

Un fallo del Supremo de Panamá contra una ley que dio vida a una concesión minera hace más de 20 años ha generado un espinoso debate sobre el efecto que pueda tener en un proyecto de cobre de 6.400 millones de dólares, así como reclamos por la incertidumbre jurídica que despierta entre los inversores.

Esta semana se conoció el fallo judicial que declara inconstitucional el Contrato Ley 9 de 26 de febrero de 1997 "Por el cual se aprueba el contrato celebrado entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla", en respuesta a un recurso de inconstitucionalidad presentado en 2009 por el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM).

Tanto el Gobierno panameño como la canadiense First Quantum, propietaria de Minera Panamá, que ahora controla la concesión que le fue prorrogada hasta 2037, han afirmado que consideran que el fallo solo afecta a la Ley 9 de 25 de febrero de 1997 y no se pronuncia sobre el contrato de concesión.

Pero el CIAM, una reputada organización ambientalista panameña, afirma que el fallo anula la prórroga de la concesión, porque "todos los contratos y concesiones de distinta naturaleza que Minera Panamá ha obtenido bajo el amparo de la Ley 9 de 26 de febrero de 1997, deben declararse nulos también".

El socio director del Estudio Jurídico Araúz y expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Arauz, consideró en una conversación con Acan-Efe que el fallo "causa incertidumbre, crea suspicacias" y afecta la "credibilidad" del país ante diversos actores, entre ellos los inversionistas extranjeros.

En ese mismo sentido se pronunciaron la Cámara Minera y la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, que consideraron que este tipo de situaciones espanta a los inversionistas foráneos, que traen a Panamá la mitad de todos los flujos de inversión extranjera en Centroamérica, de acuerdo a datos de organismos internacionales.

Más allá del debate que se ha generado en torno al alcance del fallo, ya que una "línea muy delgada" separa una serie de conceptos contractuales y jurídicos, el experto dijo que, a su entender, la sentencia "dejó abiertos temas que debieron ser explicados de forma más profunda".

"Si el fallo iba a crear un precedente en materia de protección al medio ambiente pudo ser más abundante y enriquecedor" respeto a explicar "la doctrina probable" que se aplicará "a partir de este fallo", que "no tiene validez judicial hasta que no salga en Gaceta Oficial", añadió.

Y la publicación en la Gaceta Oficial puede tardar un tiempo, probablemente extenso, si la empresa Minera Panamá solicita, por ejemplo, una aclaración de sentencia, afirmó el letrado.

Ya la firma canadiense dijo esta semana que Minera Panamá "está en el proceso de obtener y examinar formalmente el fallo y su aplicabilidad, y está trabajando con las partes apropiadas para identificar los recursos legales adecuados", los cuales "necesitarían ser analizados por la Corte Suprema".

El Ministerio de Comercio e Industria afirmó que Minera Panamá "está en su legítimo derecho de hacer las consideraciones legales pertinentes", y que espera "que las mismas sean analizadas en estricto derecho y cumpliendo de leyes".

Si bien hay críticas al Supremo por haberse tardado casi 10 años en dar respuesta al recurso que buscaba proteger el medio ambiente, las mayores preocupaciones en Panamá giran en torno a los efectos económicos de la misma.

El Gobierno del presidente Juan Carlos Varela e incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI) han señalado que la entrada en operaciones el próximo año de la mina de cobre, ubicada en el distrito de Donoso, en la provincia caribeña de Colón, dará bríos a una economía que comenzó a ralentizarse hace más de un lustro.

En junio pasado el FMI redujo en un punto porcentual la previsión de crecimiento del país para este año y lo dejó en 4,6 por ciento, pero anunció que elevaba en un punto porcentual, hasta el 6,8 por ciento, la del 2019, entre otras razones por la entrada en operaciones de la mina de cobre.

La mina empezará a operar en 2019 y está previsto que exporte más de 320.000 toneladas métricas de cobre año, lo que equivale aproximadamente a 2.000 millones de dólares, dijo First Quantum.

Esta semana el Gobierno resaltó que el proyecto de la mina de cobre es ahora el empleador más grande del país, con más de 12.000 trabajadores, con cuyos representantes se reunió para decirles "que sus empleos no están en riesgo alguno".

También que el proyecto "ha realizado compras a proveedores panameños superiores a 1.100 millones de dólares".