Gobierno promulga Ley sobre Contrataciones Públicas

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, promulgó este viernes, 8 de mayo, la Ley 153 del 8 de mayo de 2020 que reforma la Ley 22 del 2006, que regula la Contratación Pública y dicta otras disposiciones.

Con las modificaciones implementadas en la nueva Ley, el articulo 19 de la Ley 22, referente a la incapacidad legal para contratar queda de la siguiente manera:

"Podrán contratar con las entidades estatales las personas naturales capaces conforme al derecho común, y las personas jurídicas legalmente constituidas, sean nacionales o extranjeras, siempre que no se encuentren comprendidas dentro de alguna de las situaciones siguientes:

1. Estar morosos en el pago de la multa por incumplimiento de contrato u orden de compra o encontrarse inhabilitadas para contratar con el Estado.
2. Haber intervenido en cualquier forma, en preparación, evaluación, adjudicación o celebración de un procedimiento de selección de contratista, de un procedimiento excepcional de contratación o de un procedimiento especial de contratación.
3. Haber sido condenadas en Panamá, por sentencia judicial definitiva, a la pena accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas.
4. Haber sido declaradas en estado de liquidación.
5. Haber incurrido en falsedad al proporcionar información requerida de acuerdo con esta Ley.

El pasado 29 de abril, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate del proyecto de Ley No.

10 que modificó la Ley de Contratación Pública, luego que este fue devuelto al Órgano Legislativo, tras el recibir el veto parcial del presidente de la República.

Las modificaciones fueron aprobados con 44 votos a favor, 6 en contra y sin abstenciones.

El pasado 22 de abril, el presidente Cortizo, vetó parcialmente el proyecto de ley 10, “que modifica el texto único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública y dicta otras disposiciones”. Esto, para devolver a la Asamblea los artículos 12,27, 53, 63 y 64 del proyecto de ley.

Juan Diego Vásquez, diputado independiente, manifestó en su cuenta de Twitter que Cortizo

envió dicho veto parcial a la Asamblea con el objetivo de que la inhabilitación a empresas

condenadas sea solamente de 5 años y empresas que confiesan sea de 3 años.

"Gracias Presidente. Ya sé que puedo amañar un contrato, confesar y luego buscar otro mal contrato

con el mismo gobierno", aseveró Vásquez, refutando la acción tomada por el mandatario panameño.