Empresarios sugieren mejor revisión de la ley de incentivos turísticos
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), expresó que la Ley 122 de 2019 sobre incentivos para el fomento de la actividad turística requiere de una revisión concienzuda por parte del Órgano Ejecutivo.
Afirman que como gremio apoyan y las iniciativas encaminadas a estimular esa industria y a asegurar su competitividad frente a otros destinos, pero sin dejar de reconocer que los intereses del país, como un todo, deben primar sobre los intereses particulares e incluso sectoriales.
Recomendaron revisar su alcance con el fin de orientarla puntualmente a las ocho áreas de interés definida dentro del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2020–2025.
Por otra parte, piden diferenciar entre producto turístico y desarrollo hotelero, y aquellos proyectos inmobiliarios o residenciales que, más que ayudar al turismo, podrían plantear una competencia desleal al sector.
En su comunicado semanal el gremio sostiene que los requisitos y obligaciones, así como los términos de fiscalización y sanciones, deben plantearse de forma clara.
“Si los créditos fiscales se van a otorgar al inicio de la obra, es vital que el desarrollador presente fianzas de cumplimiento, además de estudios de factibilidad y viabilidad, certificaciones o auditorías por profesionales idóneos”, plantean.
En términos de impacto, la Ley 122 debe contemplar la presentación de estudios fiscales que midan el impacto de los proyectos que aplican al beneficio, en tanto el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe establecer topes de acuerdo con su capacidad para absorber el sacrificio fiscal correspondiente.
Según la Cciap, se deben establecer mecanismos para medir el impacto social en materia de generación de empleos directos e indirectos, efecto multiplicador de la inversión y beneficio en las comunidades.
