Cuba cerrará empresas estatales con pérdidas
Cuba cerrará 24 empresas estatales de un total de 123 que reportaron pérdidas económicas desde hace tres años, la mayoría en el sector de la agricultura, en tanto otras seis con la soga al cuello tendrán un año para revertir el saldo negativo de su gestión.
El diario oficial Granma dio a conocer el lunes un reporte de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, el Parlamento cubano, que en estos días realizó sesiones de trabajo por comisión que culminará el próximo miércoles con el pleno ordinario.
En Cuba el Parlamento integrado por 612 diputados elegidos cada cinco años y que representan a los 168 municipios de la isla, se reúne dos veces al año, en julio y en diciembre, y habitualmente en la última jornada el presidente Raúl Castro pronuncia el discurso de clausura.
En la información no se dieron detalles de las empresas con esas dificultades solo se precisó que más del 70% de ellas pertenece al Ministerio de la Agricultura y un 8%, al sector azucarero.
De acuerdo al reporte, los problemas de dichas empresas se debieron a "dificultades en el proceso de planificación" y algunos diputados señalaron también problemas en la "gestión organizacional" entre otros.
Además en el primer trimestre del presente año unas 65 empresas presentan pérdidas, pero la información no precisó en qué sectores de la economía.
El gobierno de Raúl Castro emprendió en el 2010 un programa de reformas económicas destinadas en particular a darle oxígeno a la economía nacional en crisis que se enfrenta en particular a una baja productividad.
Las reformas de Castro destacaron la ampliación de la iniciativa privada, una nueva ley migratoria, una nueva regulación de impuestos y de créditos, además abrió el mercado de bienes raíces y vehículos. Sin embargo contempló la liquidación de las empresas estatales con pérdidas sostenidas.
Pero el gobierno cubano también se enfrentó a una grave crisis en la productividad del sector de la agricultura un tema muy sensible para la economía de la isla que debe pagar anualmente unos 1.500 millones de dólares para la compra en el extranjero de productos alimenticios.