De Frente: Contrato minero, sustitución de Ley de Transparencia y 'ocaso' de la democracia

Ciudad de Panamá, Panamá/Lina Vega Abad, presidenta de la Fundación para la Libertad Ciudadana capítulo panameño de Transparencia Internacional, abogada, columnista y miembro del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), fue la entrevistada de este domingo en el programa De Frente con Sabrina Bacal y habló sobre temas de relevancia nacional, como el contrato minero, la sustitución de la Ley de Transparencia y los retos de la democracia.

Contrato minero

Vega Abad reconoció que evidentemente el clima no es el mejor para poder analizar a fondo "un tema tan complejo" como es el de este contrato minero, que "es un compromiso del país por 40 años".

Agregó que los técnicos que se oponen con argumentos científicos y legales están "pudiendo dejar su mensaje bien claro y hay cosas que son realmente impresentables".

Para la abogada y también periodista, este tema "ejemplariza por qué el país salió tan mal en los Índices de Estado de Derecho", pues según explicó, en 2009 se presentó la demanda por el CIAM y no fue hasta 2017, casi 10 años después que salió el fallo, que no se publicó hasta 2021.

“Esto es una caricatura de Estado de derecho, así que, digamos que el Estado tuvo la oportunidad de enmendar un contrato que evidentemente era leonino, mucho antes de que se instalara toda la maquinaria y el complejo industrial que tenemos ahora allí". — Lina Vega Abad - Presidenta de la Fundación para la Libertad Ciudadana

Vega Abad indicó que si se quiere dar un ejemplo de por qué el "Estado de derecho panameño no existe, no funciona", es este "contrato".

'Condiciones impresentables'

Entre las "condiciones impresentables" a las que se refiere la jurista, destacó el "lenguaje del contrato", que a su juicio "parece quitarle la propiedad del recurso al país y pasa a ser un control completo de la empresa concesionaria, en términos de acceso a fiscalizaciones, en términos de obligar a un ciudadano que tenga un terreno privado en esa área y que sea un terreno que la empresa decide que quiere para ampliar su operación, la persona no puede negarse a venderlo. Si no lo quiere vender entonces el Estado se lo expropia. Eso es impresentable donde quiera que se analice".

Ellos hablan de que tienen la mejor tecnología para el manejo ambiental y no dudo que sea así, pero ellos tienen que ser transparentes y no lo han sido hasta ahora", sostuvo.

"Exigir una moratoria"

A su parecer, el Gobierno no ha entendido la magnitud y la gravedad del asunto. "Aquí tenemos un tema ambiental que nos está enfrentando a ciudadanos con ciudadanos".

Recordó que la riqueza de Panamá es la biodiversidad, mantener sus bosques, proteger sus aguas y ríos. Indicó que urge en esta coyuntura que se apruebe una "moratoria minera" y "por supuesto rechazar este contrato para sentarnos a una nueva negociación".

En cuanto al argumento económico de los empleos, que ha sido esbozado por gremios del sector empresarial, así como de muchos actores importantes del país, Vega Abad opinó que, todo obedece a una actitud cortoplacista que siempre se ha visto en el país, porque no se ha planificado el desarrollo pensando en la sostenibilidad. "Esta es una actividad que no es sostenible, un día de estos se acaba el recurso, se van". 

"Lo más importante en esta pelea es exigir una moratoria minera para el resto de las solicitudes, porque ese contrato señala en su introducción que se convertirá en el modelo para las otras explotaciones mineras y eso es muy peligroso", indicó Vega Abad.

Sustitución de la Ley de Transparencia

En cuanto a la posible sustitución que el Gobierno pretende hacer con la Ley 6 del 2002, de ser aprobada en la Asamblea Nacional, dijo que implicaría una situación peligrosa para el sistema democrático y como sociedad se debe actuar de manera activa para impedir que esto suceda.

"Estamos ante una situación muy muy grave para la democracia, no podemos permitir un retroceso y esto sería un retroceso terrible. La ciudadanía necesita estar informada para poder tomar decisiones basadas en datos, en hechos, en estos días en que hay tanta desinformación, tanto acceso a temas que son basados en datos incorrectos. Tener la información es fundamental, y por eso yo apelo, digamos al sentido democrático que estoy segura que todavía queda en el presidente de la República, Laurentino Cortizo y le pido que por favor retire ese proyecto", expresó.

Crisis del sistema democrático

En tanto, argumentó que el sistema democrático está en crisis y el último Latinobarómetro [estudio de opinión pública] indicó que aproximadamente un 47% de personas en la región, piensa que la democracia no es preferible a otro sistema de gobierno.

En cuanto al papel de la Fiscalía Electoral, Vega Abad manó su preocupación por el modelo de los "operadores políticos", en este tipo de entes de control.

"El Tribunal Electoral tiene un reto enorme, la democracia panameña está debilitada en muchos aspectos y lo que no podemos permitir es que también se debilite en el proceso electoral", Lina Vega Abad.