Inédito: Panamá reconoce legalmente los derechos de la naturaleza

Mientras el gobierno negocia por un lado un nuevo contrato con Minera Panamá y planea expandir el inventario de tierras para la extracción, por el otro aprueba la ley que reconoce los derechos de la naturaleza, un hito en la región que sigue los pasos que tomaron Ecuador y Bolivia hace una década.

Panamá reconoció legalmente “los derecho de la Naturaleza y las obligaciones del Estado relacionadas con estos derechos” a través de la Ley 287 del 24 de febrero de 2022, publicada en Gaceta la semana pasada. La misma entrará en vigencia dentro de un año.

No es cualquier ley, aunque las circunstancias que rodean su publicación son altamente contradictorias. Reconocer los derechos de la naturaleza implica “un cambio de paradigma donde debemos considerar la naturaleza como una entidad viviente que tiene derechos y no exclusivamente como un objeto al que se le puede explotar y utilizar” según la exposición de motivos que llevó al diputado por la libre postulación Juan Diego Vásquez a presentar el anteproyecto en septiembre de 2020.

Se trata entonces de reinterpretar –y reinterpretarnos- en una naturaleza como un todo del que somos parte y dejar de verla como un gran inventario de recursos prestos a “explotar”. La ley reconoce así a la naturaleza como un ente colectivo, indivisible y autorregulado, conformado por biodiversidad y ecosistemas interrelacionados entre sí. Por ende, el artículo 5 de la recién aprobada ley faculta a cualquier persona, natural o jurídica, o en asociación, a exigir el cumplimiento de los derechos de la naturaleza ante cualquier instancia administrativa o judicial.

El nuevo cuerpo legal también otorga a la naturaleza “protección y respeto por parte del Estado”, instando a los habitantes del país a “asistir a las autoridades cuando tengan conocimiento de posibles acciones o hechos que puedan generar riesgo o daño ambiental”, a fin de asegurar su restauración, mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales, además de la conservación de las estructuras y funciones ecológicas.

Los principios que regirán la ley –que aún debe regularse por parte del Ejecutivo– incluyen el interés superior de la naturaleza, el in dubio pro natura (principio de precaución y prevención a favor de la naturaleza), in dubio pro aqua (precaución a favor de los recursos hídricos) y los principios de prevención en general, precaución y restauración.

Lo más importante quizás, y lo más contradictorio a la vez, es el artículo 7 de la ley, el cual reza así:

“El Estado velará por la aplicación de todas las medidas administrativas, legales y/o técnicas necesarias para prevenir y restringir los efectos de actividades humanas que puedan contribuir a la extinción de especies, a la destrucción de ecosistemas o a la alteración permanente de los ciclos naturales y del clima, incluidos, pero no limitándose a la extracción insostenible de recursos naturales, la pesca insostenible (…) la emisión de gases de efecto invernadero, la deforestación y otras actividades humanas que afecten a la Naturaleza”.

Y es que aunque Panamá es uno de los pocos países del mundo que se precia de ser carbono negativo, la senda que podría revertir esa negatividad fue inaugurada justamente por un gobierno perredista en 1997, cuando la administración de Ernesto Pérez Balladares otorgó la concesión para extraer oro y cobre a Petaquilla. Hoy es el mismo partido el que alberga al presidente actual y quien prometió expandir la extracción agregando más hectáreas al inventario minero.

Para Donaldo Sousa, presidente de la Asociación de Derecho Ambiental y de la FEDAP, esta ley “o es más que otra norma jurídica dirigida presuntamente a la protección del ambiente, que va a quedar en letra muerta”. Incluso Sousa denunció la intención del gobierno de “disminuir las partes del parque de Donoso para dárselas a la minera, (algo que) destruye el Corredor Biológico Mesoamericano so pretexto de que van a dar otras áreas para compensar”. Eso, según el jurista, viola el principio de no regresión en las áreas protegidas.

Isaías Ramos, biólogo del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), espera que se den avances positivos con la aplicación de esta ley, y “que no suceda como con la mayor parte de la legislación ambiental del país”. Hace hincapié en los compromisos internacionales de Panamá, para que “sean tomados en cuenta por el Ejecutivo a la hora de optar por desarrollar minería metálica, ser hub de hidrocarburos y construir carreteras atravesando áreas claves de biodiversidad”.

Justo el CIAM denunció hace unos días el proyecto de carretera del Ministerio de Obras Públicas que uniría Quebrada Ancha y María Chiquita, y que atravesaría el Parque Nacional Chagres por poner en riesgo la biodiversidad de la región y la sostenibilidad de la vida. El proyecto “provocará aislamiento y desaparición de una amplia variedad de especies”, explicaron en sus redes sociales.

El reconocimiento de los derechos de la naturaleza llegó a países como Ecuador y Bolivia hace aproximadamente una década y de la mano de gobiernos de izquierda que planteaban revoluciones ciudadanas, estados plurinacionales y políticas progresistas, aunque en el camino terminaron profundizando el extractivismo. En esos países del sur, los derechos de la naturaleza se reconocieron en la Constitución tras amplios debates y profundos repensares, algo que en Panamá no parece haberse dado.

Lo que no ha cambiado –afirma el presidente de la FEDAP, Donaldo Sousa– es el sistema que no responde a la vida y al ambiente, sino al sistema económico y sectorial y a los intereses de los gobiernos de turno.

En palabras del filósofo y escritor Armando Bartra, la construcción de la Naturaleza como sujeto de derechos está aún en proceso. El reconocimiento de los derechos “es importante pero no es suficiente: es un punto de quiebre con las visiones liberales sobre Naturaleza y ambiente, pero requiere romper barreras complejas, que remueven los cimientos civilizatorios, las estructuras dominantes del modelo y las formas de operar de los Estados”.