Las vistas presupuestarias: un cuadrilátero de dinero

Ciudad de Panamá, Panamá/Mientras que el debate minero ruge en el cuarto piso del edificio nuevo de la Asamblea Nacional, más calladas se desarrollan las vistas presupuestarias en el salón de la comisión relevante en la planta baja del edificio viejo.

A la fecha, más de 35 entidades públicas —ministerios e instituciones descentralizadas— han pasado por tal salón para presentarse ya sea ante el diputado Benicio Robinson, el diputado Raúl Pineda o la diputada Cenobia Vargas, quienes se turnan la presidencia de la comisión.

Vale notar que probablemente el asistente más regular a estas reuniones es el diputado Juan Diego Vásquez, quien posiblemente también es el diputado que más preguntas ha entablado a los líderes de las distintas entidades que se presentan a defender su presupuesto.

El enfoque de esta nota es reseñar tres de estas reuniones de vistas presupuestarias para entender más del proceso.

Por estar el tema minero en la atención pública, se analizará la del Ministerio de Ambiente. Por estar las elecciones próximas, se verá la del Tribunal Electoral. Y por ser esta una columna bancaria, económica y financiera, se revisará la de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).

Pero antes, veamos un poco en qué consisten estas reuniones.

El ritual

Una vista presupuestaria es muchas cosas.

Puede ser un ruego por evitar una reducción de fondos, un argumento de venta para obtener un aumento extraordinario, una justificación por parte del líder de la entidad ante el público, una oportunidad para los diputados para hacer política —regañando o aplaudiendo a un funcionario— e incluso, como se verá, un espacio para ventilar asuntos personales.

Pero sobre todo, la vista presupuestaria es un momento de información pública, donde una parte importante del liderazgo administrativo nacional, muchas veces ermitaño, debe salir de sus oficinas removidas y presentarse ante el ojo público.

El salón donde suceden las vistas es grande pero incómodo, iluminado con luces fluorescentes.

Ocupando la mayor parte de la sala hay cuatro mesas rectangulares, organizadas en forma de cuadrado.

Uno de los lados es ocupado por quien preside la reunión, con sus secretarios. El lado opuesto le corresponde a la entidad que viene a presentar su caso.

En ese sentido, la vista es un careo.

El lado a la izquierda de quien preside usualmente está ocupado por otros diputados de la comisión. El lado a la derecha queda para cualquier invitado adicional.

Eso por el lado del espacio. En cuanto a tiempo, las reuniones pueden durar entre 10 minutos hasta una hora y media. Esto, dependiendo del tamaño de la entidad, la variación presupuestaria que está buscando y las preguntas que tengan los diputados.

Durante el proceso de las vistas, la comisión recibe a las entidades de lunes a miércoles, tres en la mañana y tres en la tarde. El jueves tiene su reunión ordinaria donde considera traslados de partida y créditos extraordinarios.

Los viernes —típico de la Asamblea— no sesiona.

La primera vista tuvo lugar el lunes, 21 de agosto y la última vista está programada para el lunes, 25 de septiembre.

Se inició con entidades pequeñas con bajos presupuestos —casi que como un calentamiento— para terminar con los gigantes públicos, como la Caja de Seguro Social.

Ministerio de Ambiente

La vista del Ministerio de Ambiente fue presidida por Raúl Pineda. Opuesto estaba sentado el ministro de Ambiente, Milciades Concepción.

En el lado izquierdo del cuadrilátero, desde el punto de vista de Pineda, estaba Juan Diego Vásquez.

Concepción vino acompañado de varios directores, algo que no falla en impresionar a los diputados. Le acompañaban sus encargados de planificación, administración de finanzas, cambio climático y verificación de la calidad ambiental.

También le acompañaba la dirección del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (CONADES), cuyo presupuesto está amparado bajo aquel del Ministerio de Ambiente.

El ministro informó que, en 2023, el presupuesto corriente de la entidad, con todas las modificaciones hechas, asciende a $100 millones.

Para 2024, le habían pedido al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) $313 millones, pero éste se los bateó de vuelta hasta $105 millones.

En respuesta a esta restricción, el Ministerio de Ambiente está pidiendo a la comisión que, por favor, suba su presupuesto a $124 millones.

De $100 millones a $313 millones es un cambio notable. ¿Para qué quería la institución tanto dinero adicional?

Veamos el detalle.

En funcionamiento, el Ministerio de Ambiente tiene este año $44 millones. Para el próximo, quería $69 millones, pero el MEF lo dejó en $45. Concepción está pidiendo que ahora se suba a $55 millones, así que aquí no es donde está el gran aumento.

Es en las inversiones donde lo encontramos.

Donde hoy el ministerio tiene $56 millones para invertir, buscaba $244 millones para el próximo año, un 335% adicional.

¿A dónde se iría todo este dinero?

La mayor parte, $206 millones, habría estado dirigida al CONADES para proyectos de inversión local, pero el MEF dejó el renglón de tal consejo en $52 millones.

Además, el ministerio debe cubrir aumentos programados de salarios, en particular a su personal técnico y científico, planeando también invertir en la protección de reservas y la biodiversidad.

Terminada la presentación, el diputado Vásquez cuestionó al ministro sobre la falta de rigor que se estaría notando en la aprobación de los estudios de impacto ambiental.

Concepción respondió que el Ministerio de Ambiente no es el único responsable de estas aprobaciones, por lo que no puede evitar todas las posibles irregularidades. Por ejemplo, mencionó que los permisos de uso de suelo los da el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

“Hemos visto que a veces se aprueban usos de suelo de proyectos en áreas que no deberían estar,” admitió Concepción.

Vásquez luego pidió al ministro justificar los aumentos de personal que planea hacer su institución en 2024.

El ministro respondió diciendo que “del 2021 al 2023, el Ministerio de Ambiente ha tenido una reducción de 300 posiciones. Y el ministerio tiene poco personal —2,000 personas más o menos— para atender toda la gestión ambiental del país”.

Agregó que precisamente para enfrentar ese reto de gestión, su institución había hecho una “alianza con los organismos de seguridad y por eso todas las semanas, en ese trabajo en equipo, con la policía ambiental, el [Servicio Nacional Aeronaval] y el [Servicio Nacional de Fronteras] [se estaba capturando a] gente aquí mismo en la ciudad en el área protegida talando cocobolo a pesar que está prohibida la exportación”.

No obstante, estas alianzas no son suficientes y el ministerio necesita contratar más personal para poder operar tanto un hospital para animales silvestres como un laboratorio químico de calidad de agua en Divisa.

También, necesita dinero para cubrir los aumentos salariales programados a sus ingenieros forestales y biólogos.

Tribunal Electoral

La vista presupuestaria del Tribunal Electoral fue presidida por la diputada Cenobia Vargas. Opuestos a ella estaban los tres magistrados del Tribunal Electoral —Alfredo Juncá, Eduardo Valdés y Luis Guerra— junto a sus directores de planificación, presupuesto, infraestructura y organización electoral.

En el lado izquierdo del cuadrilátero, desde el punto de vista de Vargas, estaba Juan Diego Vásquez.

El magistrado presidente del Tribunal, Juncá, comenzó su presentación reportando que a julio pasado, la institución ya había ejecutado un 61% de su presupuesto del año corriente, una medida que supuestamente se correlaciona al buen desempeño de las entidades públicas pero que muchas veces solo sirve para evitar recortes de fondos.

Para 2024, año electoral, el Tribunal está pidiendo $234 millones.

Parte del dinero es para operar sus más de 90 sedes en todo el país.

De hecho, $3 millones son para avanzar con la Oficina Regional de Veraguas y $2 millones para desarrollar la nueva Oficina Regional de Coclé.

Otra parte del dinero es para subir el salario mínimo de la entidad de $700 a $900, lo cual elevará el pago de alrededor de 2,200 funcionarios.

Gran parte del dinero irá a financiar las elecciones, tanto a través del desembolso a los partidos políticos y candidatos por la libre postulación, como también la operación de las mesas y juntas de escrutinio.

Después de la presentación, Vásquez cuestionó a Juncá sobre debilidades de la entidad en la fiscalización de irregularidades electorales en las redes sociales.

Juncá indicó que los recursos de la entidad son limitados y que muchas veces las sanciones de las personas que cometen delitos electorales deben ser ejecutadas en coordinación con las empresas de las redes sociales. Por esto, según él, un mejor uso del dinero es asegurar la integridad de la elección en el proceso de conteo de votos.

Según Juncá, o “perseguimos a los infractores de la norma hasta las últimas consecuencias […] o salvaguardamos a los afectados […] Y la decisión que hemos tomado […] es proteger el proceso”.

Vásquez también cuestionó si el Tribunal estaba siendo suficientemente diligente en evitar que funcionarios hagan campaña cuando aún reciben salarios del Estado.

“No puede ser que haya funcionarios que, a un mes antes de las primarias, dejaron de ser directores regionales para mantener el mismo salario […] pero en otro cargo, no renuncien, ganaron la primaria y están hoy rampantes moviéndose de un lado a otro […] con auto del Estado”.

Agregó que de nada sirve hablar de proteger el proceso si los mismos magistrados hacen caso omiso de violaciones flagrantes de la ley electoral, faltando el respeto al espíritu de tal ley.

“No importa cuánto dinero les invirtamos a ustedes en monitoreo, en agentes, en mesas, en lo que ustedes quieran, si las decisiones no son tomadas para garantizar el respeto inequívoco a la democracia, a la equidad en el proceso [y] a la transparencia”.

Por todo esto, Vásquez pidió al Tribunal tener un “ojo de águila” de cara al proceso electoral.

Por su lado, Juncá respondió indicando que el Tribunal tiene herramientas sólidas para prevenir las irregularidades electorales, pidiendo que si la ciudadanía tiene conocimiento de alguna, que lo eleve a la entidad.

“Presenten las denuncias,” dijo.

Juncá también intentó dar un espaldarazo a la confianza electoral, diciendo, como ya fue citado en una entrega previa de esta columna, “no va a ser éste ni ningún otro proceso donde yo tenga participación, donde se van a robar una elección. Eso no va a pasar”.

Superintendencia de Bancos

La vista presupuestaria de la SBP también fue presidida por la diputada Cenobia Vargas. Opuesto a ella estaba Amauri Castillo, el superintendente de bancos, acompañado por sus distintos subordinados.

En el lado izquierdo del cuadrilátero, desde el punto de vista de Vargas, estaba la diputada Marylín Vallarino.

El superintendente Castillo empezó su presentación diciendo que el sector bancario panameño está enfrentando “grandes retos y desafíos”, reconociendo el impacto que está teniendo sobre el país el aumento sustancial y rápido de las tasas de interés por parte del sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos.

“No es un aumento que nosotros decidimos sino que tenemos una afectación particular por el regulador respectivo en Estados Unidos”, dijo.

Castillo indicó que para julio del año corriente, su entidad había recaudado más de $23 millones. La SBP es una de las instituciones descentralizadas que recibe sus propios ingresos.

La mayor parte de los mismos provienen de las inspecciones bancarias, las cuales le han generado a la entidad más de $11 millones hasta el cierre de julio pasado.

Uno de los principales proyectos para la superintendencia en 2024 es finiquitar su mudanza ya que, según Castillo, las oficinas actuales han quedado obsoletas y están limitando la expansión de la entidad para poder cumplir con sus responsabilidades.

De acuerdo a Castillo, la superintendencia tiene alrededor de 400 funcionarios de alto nivel técnico con un promedio de una década en cuanto a años de servicio.

Es necesario aumentar los salarios a estos técnicos, argumenta el superintendente, porque si no, muchos de estos pasan a trabajar para los bancos, donde pueden ganar mucho más, debilitando la capacidad regulatoria de la entidad.

La SBP está pidiendo para 2024 más de $31 millones, un aumento de casi 30% por encima de los $24 millones que tuvo para el año corriente.

Concluida la presentación, Vargas pasó la palabra a la diputada Vallarino, quien comentó sobre un asunto personal.

“Yo he sido víctima del sistema bancario panameño”, dijo, refiriéndose a un caso donde, según ella, se habría dado el secuestro de cuentas bancarias. “Yo no he recibido una justificación del porqué se nos secuestraron las cuentas”, agregó.

Luego, Vallarino se quejó ante Castillo de un aumento programado de más de $100 mil en nuevo mobiliario para la superintendencia, diciendo que ese dinero sería mejor utilizado para el equipamiento de las escuelas públicas del país.

Castillo respondió que parte del mobiliario utilizado de la SBP sería donado al Ministerio de Educación.

Vallarino se habría mostrado ofendida por esto, aseverando que las escuelas panameñas no se merecían las sobras de la superintendencia, entidad a la cual habría implicado una crítica por tener salarios muy altos.

Según la diputada, deberían ser los bancos los que donen su mobiliario a la SBP.

Finalmente, Vallarino hizo referencia al tema del desarrollo de la cultura financiera de los jóvenes, pidiendo que se revivieran antiguos programas de capacitación.

“¿Por qué no desempolvan a Zambo?” preguntó.

Zambo —palabra colonial utilizada en su momento para describir a mestizos— se refiere en este caso a la mascota de la Caja de Ahorros, no de la SBP, la cual por los últimos 50 años ha sido usada como símbolo de la promoción del ahorro en la juventud nacional.

Esta última pregunta, Castillo no respondió.