En vísperas de la zafra 2023-2024, productores de maíz piden al Gobierno cancelar deuda de $12 millones

Las Tablas, Los Santos/El próximo 15 de julio debe empezar en la región de Azuero la siembra de maíz para la zafra 2023-2024, donde los maiceros proyectan cultivar unas 20 mil hectáreas, siempre y cuando el gobierno les cancele una deuda de 12 millones de dólares.

De la cifra adeudada solo se les ha pagado hasta la fecha 578 mil dólares, y la misma corresponde a una compensación de 6 dólares por quintal que tiene como propósito que la industria que elabora tortillas, arepas y harina, entre otros productos, mantenga los precios accesibles al consumidor, aunque esto último no está garantizado.

En el país el mercado de consumo del maíz es de aproximadamente 13 millones anuales de quintales del grano, de los que los productores nacionales aportan 2 millones.

“Esto nos causa bastante incomodidad, por decirlo de alguna manera, pues solamente nosotros producimos el 15% del consumo nacional y siempre tenemos que andar en estas peripecias para terminar de cobrar nuestro maíz”, comentó José Villarreal, de la Cooperativa de Productores Santeños, ubicada en La Honda, provincia de Los Santos.

Aseguró que el 30 de julio es la fecha establecida por los maiceros de la península de Azuero, agrupados en la Cooperativa de Productores Santeños y en la Asociación de Productores de Maíz y Sorgo de Los Santos, para que el compromiso sea cancelado.

El jornalero Agapito Sánchez explicó que generalmente este dinero es utilizado por los maiceros para pagar la preparación de los terrenos, pago a los peones y a los ayudantes.

Consultada en cuanto al pago a los maiceros, una fuente del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) se limitó a indicar que “la otra vez lo dije: el pago depende de la disponibilidad de dinero, de las transferencias que a esta entidad le haga el Ministerio de Economía y Finanzas”.

Emplazan a las autoridades

Pero, ante la falta de respuesta oficial, los maiceros azuerenses han emplazado a las autoridades agropecuarias a una reunión en la ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos, el próximo miércoles 21 de junio, donde según dijeron, esperan tener respuestas precisas, sin los acostumbrados mareos,  sobre el pago de la ley de granos y lo referente a la zafra 2023-2024.

Los emplazados en esta oportunidad son el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario, Carlo Rognoni, el director del Instituto de Seguro Agropecuario, Cecilio Ricord, el director del Instituto de Seguro Agropecuario, Luis Díaz, y Dagobertp Cortez, en representación de la Contraloría General de la República.

“Los productores ya se sienten bastante desesperados y asfixiados”, sostuvo Villarreal, aunque enfatizó que pese a ello para la zafra 2023-2024 esperan sembrar unas 20 mil hectáreas, de las cuales unas 17 mil hectáreas son de maíz mecanizado y unas 3 mil hectáreas a chuzo, que corresponde a productores de subsistencia.

“No hemos tenido un pronunciamiento claro en cuanto al apoyo del gobierno. Lo que sí hemos tenido es una presión en cuanto a que firmemos para dar nuestro aval para que la industria importe maíz a cero arancel”, sostuvo el dirigente de la Cooperativa de Productores Santeños.

Al ser el país deficitario en la producción del grano, los productores se han enfocado en producirlo para el consumo humano, mientras que la industria lo importa para procesarlo y abastecer el mercado de piensos y alimentos para consumo animal.

“Pero se nos ha llevado a firmar el cero arancel, cuando el año pasado se dieron importaciones para el consumo animal que llegaron al mercado de consumo humano, cosa que es totalmente ilegal”, afirmó.

Agregó que nosotros lo que necesitamos es, primero que la industria les pague a los productores y segundo que el gobierno se comprometa a cancelar de una vez por todas la compensación de precios.

Los maiceros alegan no ver una política agropecuaria   clara, coherente, al menos para este sector, pese a que en enero de este año el presidente de la República, Laurentino Cortizo, sancionó la Ley de Política Agroalimentaria de Estado (PADE), con la que supuestamente “se busca proteger al sector productivo del país por los próximos 25 años”.

En su oportunidad, el mandatario indicó que “la Política Agroalimentaria de Estado también corrige errores del pasado que en el futuro no se pueden volver a cometer. Nosotros no podemos privilegiar las importaciones; cuando se necesiten, para eso están las cadenas agroalimentarias y podemos ponernos de acuerdo en lo que hay que comprar afuera para complementar la producción nacional, pero no importar cuando están los productores cosechando”.

La citada norma, que los productores alegóricamente llaman “la ley del PADE…spués” tiene un Consejo de Seguimiento y Cumplimiento, que está integrado   por 29 miembros, 19 de sectores de la sociedad civil organizada, por lo que hay quienes dudan de su efectividad.