Los desafíos del nuevo gobierno en transporte

Ciudad de Panamá/ 

Uno de los retos que enfrentará el Gobierno entrante es estabilizar la crisis del transporte público en la capital, del que el metrobús es parte importante. Cerca de 400 mil personas usan diariamente este servicio, y reclaman cambios.

La gente pide más buses y que lleguen a tiempo, mientras la empresa operadora sostiene que el modelo de gestión no funciona más.

Las colas son la expresión más evidente de la crisis que vive el servicio de buses de la capital, y que está dinamitando la calidad de vida de miles de personas.

La crisis también incide en la capacidad productiva de la ciudad y cuesta millones de dólares. Los trabajadores y los estudiantes sacrifican horas en las largas esperas en paradas y en el tranque a bordo del bus.

 Lo peor es que esa ineficiencia arroja a los que pueden al paradigma del auto: tener uno para ganar libertad de moverse. Libertad que costean el resto de los ciudadanos, y sobre todo quienes van en transporte público, por el tráfico que generan.

El sistema de metrobús cuesta este año 129 millones de dólares a los contribuyentes, pero la gente reclama algo mejor. Y esa es la herencia que recibirá el nuevo Gobierno.

La respuesta a por qué los buses tardan en llegar es compleja. MiBus dice que tiene 1,200 buses, y que para funcionar bien necesita 900 buses operativos al día.

 Hoy solo hay 600, 450 de ellos no tienen piezas de aire acondicionado por un conflicto con una empresa que se ganó un contrato de $12.5 millones para proveerlas y no llegaron, caso que escaló hasta la corte suprema de justicia y sigue sin resolverse.

 El resto de los buses, asegura la compañía, están en mantenimiento regular. En consecuencia, los centros de operación, como del El Chorrillo, grandes parqueaderos.

La crisis del transporte se enmarca en una crisis todavía mayor: la de la institucionalidad, uno de los grandes problemas que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno. Se ve en la crisis de la basura, regada por todas partes de la ciudad, y también se ve en los buses.

El gerente de MiBus, Luis Campana, aseguró que en 2021 diseñó un plan para reformar la manera en la que opera el sistema, que como ocurre en ciudades como Bogotá o Santiago de Chile se creara un ente técnico que regulara todos los servicios de transporte público en la capital, y que la operación de los buses fuera concesionada a compañías privadas, pero nadie tomó decisiones. Este es también un relato de la indolencia del Estado.

Algunos expertos sostienen que los cambios institucionales es lo primero que debe hacer el nuevo gobierno si quiere empezar a detener el sangrado.

 De todos modos, es una emergencia sistémica: mientras los metrobuses no llegan porque no hay, los piratas crecen, los diablos rojos regresan y los taxis se reproducen en masa y superan los 47 mil en la ciudad.

Pero para ninguna de estas crisis ha habido respuesta. Al contrario: en 2022, la Autoridad del Tránsito obligó a MiBus a recortar una de las rutas más usadas, la de Costa del Este-Metro San Miguelito, para darle el espacio a los diablos rojos. No conforme con eso, también obligó a reducir la frecuencia en horas pico a la mitad. El estado jugó a favor del desorden y hoy la gente debe hacer más conexiones para usar el servicio

¿Continuará la indolencia estatal frente al calvario por el que pasan decenas de miles panameños castigados por la ineficiencia del servicio que prestan? ¿Se reestructurará de forma integral el sistema de transporte público? ¿De dónde saldrán los multimillonarios recursos que se requieren para todos estos cambios?

 Son los desafíos que enfrenta el nuevo Gobierno frente a la crisis del transporte público.