Tratado de Promoción Comercial con EEUU: una amenaza que preocupa a los productores panameños

Ciudad de Panamá/El tiempo se agota. Antes de que se termine noviembre los productores de cerdo, ganado y leche deben presentar ante las autoridades correspondientes documentos que demuestren los daños que causará la desgravación arancelaria pactada en el Tratado de Promoción Comercial (TPC) entre Panamá y Estados Unidos, que entró en vigencia en 2012.

Una vez entreguen sus diagnósticos los productores esperan que representantes de los ministerios de Comercio e Industrias (MICI) y de Desarrollo Agropecuario (MIDA) se sienten “inmediatamente” a conversar con sus pares estadounidenses para buscarle una solución a la rebaja arancelaria que se avecina y que para muchos representa la desaparición del agro panameño, del cual se benefician unas 350 mil familias.

Hasta el momento los únicos que han entregado su análisis son los avicultores, mientras que los porcicultores esperan hacerlo en la fecha estipulada, de los lecheros nada se sabe, y los ganaderos lo harán durante los primeros 15 días de diciembre, pues en estos momentos están atendiendo problemas relacionados a una baja en el precio de los terneros y un alza en los alimentos, según explicó Euclides Díaz, secretario Ejecutivo de la Asociación Nacional de Ganaderos.

Lo que en su momento definió el productor de varios rubros Virgilio Athanasiadis como “un tratado leonino”, se ha convertido en el dolor de cabeza del sector agropecuario panameño, ante la inminente desgravación arancelaria y la poca capacidad productiva, de infraestructura y de facilidades del país para exportar hacia Estados Unidos.

Desde que se firmó el TPC en el MICI opera la Dirección General de Administración de Tratados Comerciales Internacionales encargada de “defender” la posición de los productores panameños, pero que con el transcurrir de los gobiernos “lamentablemente siempre ha actuado para favorecer solo los intereses de Estados Unidos”, afirmó Carlos Pitty, presidente de la Asociación Nacional de Porcinocultores de Panamá (Anapor).

Pitty atribuye esa posición a lo que llama el “complejo de Bunau Varilla”, que siempre busca el acomodo de los estadounidenses por encima de los intereses nacionales, situación que manifestó se acrecentó durante el gobierno pasado, dirigido por comerciantes e importadores.

Aunque los porcicultores se reunieron en días pasados con las autoridades del MIDA para buscar su apoyo, una fuente de esa entidad manifestó que ese es un tema que le corresponde al MICI. Agregó que “no es fácil que ese cambio (arancelario) pueda hacerse en tan poco tiempo. Los americanos (sic) son muy protocolares”.

Al respecto, el presidente de los porcicultores dijo que legalmente el MICI es el que tiene esa facultad de negociación, pero que en la práctica tiene que reunirse con el MIDA para buscar alternativas que vayan en beneficio de los productores panameños.

Explicó que en el pasado reciente presentaron ante el MICI una demanda de salvaguarda señalando los daños que se veían venir para la producción nacional, pero que la misma fue “engavetada” y que cuando las autoridades quisieron retomarla ya las condiciones no eran las mismas, por lo que ante tal desidia la retiraron.

El TPC contempla dos tipos de salvaguardas, una que establece que si el arancel de importación está por encima del 40% automáticamente sube para proteger a los nacionales, y la otra se enmarca dentro de los parámetros establecidos en la Organización Mundial de Comercio, en donde se debe presentar un estudio económico que compruebe los supuestos daños.

En el encuentro de los porcicultores con el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, y con el viceministro del ramo, Carlo Rognoni, se estableció continuar con las conversaciones a través de la Oficina de Asuntos Agrícolas de la embajada de Estados Unidos y con el MICI “para buscarle alternativas que no perjudiquen este sector”, según un escueto comunicado de prensa del MIDA.

“…la apertura del TPC significa la pérdida de empleos en el país”, reconoció el ministro Valderrama durante la reunión, en donde se analizó la realidad porcina con miras a establecer estrategias que garanticen la supervivencia del sector.

Pero, mientras la desgravación arancelaria se acerca para muchos rubros, en el MIDA se han dado a la tarea de crear junto con los productores “mesas de trabajo” que hasta el momento no han trascendido más allá del papel, estimó una fuente ministerial que pidió el anonimato.

Los productores insisten en una acción inmediata y eficaz del gobierno panameño, pues el tratado establece que representantes de ambos países deben reunirse en el 2024 para analizar la realidad del momento, año en que, de acuerdo con los porcicultores, “ya estaremos muertos”.

“El libre mercado que propugna el Tratado de Promoción Comercial entre Panamá y Estados Unidos es unidireccional. Estamos ante un tratado mal negociado”, aseguró Pitty, quien no duda en señalar que se requiere un control adecuado de las importaciones.

Con un consumo per cápita de 17 kilos, unas 37 libras, la disponibilidad de la carne de cerdo nacional, más no su calidad, aparentemente se verá afectada por un cuestionado libre mercado.

Las últimas estadísticas del sector indican que al 31 de diciembre de 2020 se habían sacrificado en el país 559,130 cerdos, registrándose un incremento del 3.6% respecto al 2019, para una producción de 49,455 toneladas de carne, con una importación de 23,078 toneladas de productos porcinos, detallan las cifras de la Anapor.